REFORMAS ELECTORALES NECESARIAS

Diciembre 03, 2006

Si se observa bien, el título Vigésimo Cuarto del Código Penal, que hace referencia a los delitos electorales en sus artículos 401 a 413 inclusive, se refiere a los actos delincuenciales relacionados básicamente con la jornada electoral.

La experiencia recién vivida en el pasado Proceso Electoral Federal 2005-2006, nos indica la necesidad urgente de que se concreten disposiciones más bien dispersas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sin embargo establecen claras prohibiciones, pero no se ven reflejadas en sanciones nítidamente establecidas ni aparecen en el citado Título Vigésimo Cuarto del Código Penal; además de que del mismo modo quedan sin aclarar los sujetos sancionables ni la autoridad sancionadora.

Resulta verdaderamente urgente que exista una ley reglamentaria para el artículo 33 constitucional, que prohíbe terminantemente que los extranjeros se inmiscuyan en los asuntos políticos del país. Es incomprensible que, a 90 años de la promulgación de la Constitución Política, la aplicación de dicho artículo quede plenamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Federal, hoy por hoy específicamente al del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad que ha prohibido el ingreso al país por 5 años al abogado Jeff Anderson, defensor de las víctimas de los sacerdotes pederastas de la Iglesia Católica, exportados a California por la jerarquía mexicana; que igualmente expulsa del país a ingenuas jovencitas italianas que asisten a los actos de la otra campaña del Subcomandante Marcos; y que, en cambio, permita, sin la más mínima reacción, que acuda un personaje político como el español José María Aznar y que haga un abierto pronunciamiento público en favor de uno de los candidatos presidenciales y después se retire del país tan campante; o que, ante la presencia del español Antonio Solá, socio de Aznar en el despacho de Gloria Ostos, conteste el INM que su presencia en el país se debe a que fue contratado por una empresa mexicana, que a su vez prestó servicios profesionales en materia de propaganda electoral sucia, en favor de un candidato presidencial, cuando queda claro que eso resuelve como mucho su situación migratoria, pero no contesta el tema central que es su intervención en los asuntos políticos del país.

Conviene decirlo una vez más: las principales fallas a la pulcritud electoral durante el proceso electoral pasado no provinieron de los métodos establecidos en la organización electoral, sino de las normas vigentes para la integración de las mesas directivas: eso por lo que toca a la jornada electoral.

Pero, principalmente, por la ausencia de sanciones reales y eficaces a quienes, según clara definición del TEPJF, violentaron la ley y distorsionaron la equidad en el desarrollo de las campañas: titulares del poder ejecutivo en sus tres niveles, dirigentes empresariales, actores políticos extranjeros, jerarcas religiosos y los propios equipos de los candidatos.

Por ejemplo, los hechos ocurridos demuestran que no hubo eficacia jurídica real con la disposición actualmente vigente en el Código en su artículo 183, que reza que las campañas “no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros en particular los de otros partidos y candidatos…”.

Igualmente, de muy poco ha servido, y menos servirá de ahora en adelante, que el artículo 190 establezca que “las campañas de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas…”, mientras el propio Código no regule con claridad indiscutible las precampañas, que sigue considerándolas como procesos internos entre militantes de cada partido, cuando todo el mundo sabe que de hecho están abiertas a la ciudadanía en general: y que siguen siendo hoy un enorme vacío legal.

A estas alturas parece totalmente claro que el Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Quinto del COFIPE (artículos 182 a 191 inclusive), o quizá todo el Título Segundo, requiere su contraparte en el Código Penal, con sanciones que resulten disuasivas y no con multas irrisorias. Sólo así se evitarán distorsiones.

Por lo que toca a la integración de las mesas directivas de casilla:

1).- Es necesario acortar las distancias entre la enorme complejidad de nuestro sistema electoral y el deficiente nivel de escolaridad y de capacitación de los ciudadanos funcionarios de casilla.

2).- Para la simplificación será necesario llevar a cabo dos acciones principales: una simplificación y prellenado de las actas de escrutinio y cómputo; y otra la eliminación de una serie de tareas accesorias que se han venido cargando a la responsabilidad operativa de los presidentes, lo que los distrae de lo esencial.

3).- En el renglón de capacitación, a su vez, será necesario al menos tomar dos medidas: la primera será aplazar para después del proceso electoral toda actividad de educación cívica, así sea promovida por instancias internacionales; así los vocales del ramo podrán dedicarse exclusivamente a la capacitación. La segunda medida, de carácter práctico, será ahondar en el ejercicio previo indispensable de llenado del acta de escrutinio y cómputo por todos los funcionarios sorteados para esa mesa directiva.

4).- También será necesario reducir de manera significativa las consecuencias de las sustituciones de última hora (crecientes en los últimos procesos) y, peor aun, los ciudadanos convocados de la fila (que adicionalmente representan el riesgo de presentar algún sesgo partidario).

5).- Algunas medidas complementarias que podrían establecerse:

a).- aumentar el estipendio por jornada electoral de los presidentes;

b).- incluir en las tareas de educación cívica, durante los otros dos años, los ejercicios de capacitación y adiestramiento electoral de los jóvenes preciudadanos.

c).- De otra dimensión es el tema de las elecciones concurrentes, que originan toda clase de tropiezos operativos. Nuestros compañeros no ven otra solución que la separación total o la integración total, con una sola ley y una sola institución.

d).- Puede resultar necesario también establecer en la ley la presencia obligatoria de los representantes de los partidos políticos, quizá con la excepción de los de reciente registro, en todas las casillas del país, con un estipendio equivalente por ley al de los funcionarios de casilla, con cargo a sus prerrogativas específicas.

e).- Tema igualmente particular es el de las casillas especiales. Por su característica, se deben instalar en secciones cuyo uso de suelo no es residencial. Eso hace que su listado nominal, escaso y además irreal, no sea suficiente para insacular ni siquiera la directiva de la básica. Aumentar el número de boletas resulta claramente improcedente por lo engorroso del trámite para cada ciudadano. La única solución a la vista es poder insacular del listado de todo el distrito a los ciudadanos. El criterio de respetar el derecho de todos los ciudadanos a votar debe prevalecer sobre el de impedir votar a quienes no tienen ese derecho vigente.

Esteban Garaiz

POSDATA

El señor Aznar, el señor Barraza, el señor Servitje, el señor Coppel son delincuentes electorales. ¿Están en la cárcel? ¿Por qué no han sido sancionados? Claramente violaron la ley. Sus acciones en el proceso electoral están prohibidas en la Constitución o en el Código, pero las sanciones para sus delitos no están sistemáticamente establecidas en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal.

Eso es precisamente lo que hay que modificar. No se puede llegar a otro proceso electoral federal con esa dispersión y ambigüedad en la relación entre delito electoral y la sanción correspondiente. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad del que resulte numéricamente ganador y más si gana por un voto, porque esa es la regla de la democracia.

La doctora Fromow podrá reiterar que le faltan “dientes jurídicos” a la FEPADE; el Presidente del Tribunal repetirá que el Ejecutivo federal “puso en entredicho la elección presidencial”; y nuevamente, en medio del desconocimiento de la gran mayoría de los ciudadanos, los profesionales del IFE serán señalados como chapuceros por haber sesgado el sentido real de la voluntad nacional expresada en las urnas.