LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS (parte II)

SEGUNDA PARTE

PRIORIDAD EN SALUD Y EDUCACIÓN

COMAR se propuso lograr en tres años (1989-1992), con el apoyo de la comunidad internacional, una comunidad refu­giada bien nutrida, sana, instruida y con empleo productivo, de modo tal que contribuyera -en México o en Guatemala- al desarrollo nacional. Naturalmente, esto se logró antes en Campeche y Quintana Roo, donde debería concluir el Plan Multianual en diciembre de 1992, al terminar virtualmente el apoyo internacional para estos dos estados.

También en educación hubo importantes avances durante 1989. La Secretaría de Educación Pública asignó las claves 04NPR001W y 23NPR0001N a las escuelas de COMAR en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana Roo respectiva­mente, para certificar los estudios de educación primaria. Con ello, nuestras escuelas pasaron a incorporarse formalmente al sistema educativo nacional.

Como consecuencia de la decisión anterior, la SEP extendió los primeros 160 certificados de educación primaria a los alumnos que concluyeron el ciclo 1988-1989 en nuestras es­cuelas, en formatos especialmente impresos por la Secretaría. En julio de 1990 se entregaron 360 certificados del ciclo 1989-1990.

Se distribuyeron los libros de texto gratuito para aplicar el criterio internacional de que los niños refugiados deben tener las mismas posibilidades educativas que los niños nacionales.

Por otro lado, la Dirección de Contenidos y Métodos Edu­cativos de la SEP aceptó dirigir y coordinar la elaboración de los contenidos del libro de texto gratuito monográfico sobre la geografía, historia, instituciones y cultura de Guatemala, que a partir de los esfuerzos de los maestros y promotores educativos guatemaltecos y de la propia comunidad refugia­da convocada por COMAR, preparaba el gobierno de México en los niveles de 2°, 3° y 4° grados de primaria, para cumplir con las directrices del comité ejecutivo de ACNUR con el pro­pósito de preservar en lo posible la identidad nacional y cul­tural de los niños refugiados. Los textos mono gráficos serían impresos por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gra­tuitos, como correspondía por ley. Para ello, se presentaron solicitudes de financiamiento a varias instituciones.

Se concluyeron los cursillos de capacitación de los promo­tores educativos guatemaltecos en el manejo de los libros de texto gratuitos que por ley se utilizaba en todas las escuelas del país. Éste fue el primer paso en la línea acordada por el gobierno de México para lograr la profesionalización gradual de los promotores educativos hasta obtener su título de bachi­llerato pedagógico.

REPATRIACIONES

La repatriación es la solución óptima al fenómeno de los re­fugiados. Desde 1984 a 1991 se habían repatriado 5 787 por los canales establecidos, lo que representaba 13% de la actual comunidad. ACNUR consideraba que habían regresado espon­táneamente otros 11 000, que eran atendidos por la Comisión Especial de Apoyo a Repatriados del gobierno de Guatemala.

En la X Reunión CEAR-COMAR, con la participación de ACNUR, celebrada en Guatemala en marzo de 1990 para eva­luar las repatriaciones, el gobierno de ese país anunció que "reconoce el derecho a la tenencia de la tierra de los refugiados guatemaltecos que fueron adjudicatarios de la transformación agraria, y que tuvieron que desocuparlas por problemas de violencia". Siendo el problema de la tierra el tema de fondo de los refugiados, era de esperarse una repatriación conside­rable en los tiempos por venir, si se lograba restablecer la paz en su región de origen. Por ello, COMAR seguía con todo inte­rés los resultados electorales, así como el proceso de negocia­ción iniciado en Oslo entre la URNG y la Comisión de Recon­ciliación Nacional de Guatemala. No está de más subrayar que ellos contemplaban el retorno en función de las condicio­nes en su propio país y no según la mayor o menor comodidad que tenían en México.

LAS ONG: UN ESFUERZO COMPARTIDO

En la mencionada Conferencia Internacional sobre Refugia­dos Centroamericanos, México hizo saber, con igual satisfac­ción de la comunidad internacional, que nuestro gobierno veía con simpatía la colaboración de organizaciones no guberna­mentales en la atención a los refugiados, siempre y cuando cumplieran con dos condiciones: que coordinaran sus accio­nes con COMAR, y que se atuviesen estrictamente al carácter humanitario y apolítico de la atención a los refugiados. Aho­ra debemos decir con satisfacción que hubo siempre una rela­ción cordial y fecunda con ellas.

Con la colaboración entre COMAR y varias organizaciones no gubernamentales se establecieron programas para: capaci­tación de jóvenes en agroforestería en Oxkutzcab, Yucatán, donde se preparaba la tercera promoción; plantación de bos­quetes para leña y construcción cooperativa de estufas ahorra­doras de leña en Chiapas; nutrición infantil, también en Chia­pas; capacitación en mecánica automotriz y confección de ropa, etcétera.

Se concluyó un convenio para un centro mayor de capaci­tación de jóvenes, varones y mujeres, en el poblado Los Lirios, Quintana Roo. Además el 1 de septiembre de 1990 arrancó el Programa de Educación Inicial para el Niño Refugiado, esta­blecido de manera tripartita entre la Fundación Bernard Van Leer de los Países Bajos, la SEP y COMAR.

LA INTEGRACIÓN: NUESTRAS PERSPECTIVAS EN 1991

El tiempo no pasa en vano. Habían transcurrido ocho años, y al trauma que muchos no lograron superar, se sumaban enraizamientos familiares en los que mucho tienen que ver los 15000 niños nacidos en México.

No debemos olvidar que son precisamente los actuales adolescentes quienes como niños sufrieron más el golpe de la persecución, las matanzas y el destierro; a todo ello se agre­gaban los vínculos afectivos que habían establecido con sus coetáneos mexicanos y mexicanas.

Parecía, pues, irse acercando el momento de plantearse for­malmente el tema de la integración a las regiones donde se en­contraban asentados, de aquellos que no puedan o no quieran repatriarse.

Su incorporación a la nación mexicana requiere, evidente­mente, de un proceso previo de capitalización humana de la comunidad refugiada hasta lograr, al menos, los niveles pro­medio de las poblaciones mexicanas de la región. Este proce­so podía llevar, en el caso de Chiapas, tres o cuatro años; en Campeche y Quintana Roo sería suficiente con dos.

Sosteníamos que México tiene el legítimo derecho de invo­car la corresponsabilidad internacional para lograr el desarrollo integral (nutrición y salud, educación, trabajo productivo, asien­to seguro, documentación) de este maravilloso grupo humano, con el objeto de que venga a contribuir y no a retrasar la mar­cha nacional.

Por haber sido las comunidades indígenas -de todos nues­tros países de América- objeto de marginación, explotación y saqueo durante siglos, el nivel de desarrollo que tienen es sumamente bajo. Tienen derecho a mejorarlo. La de los refu­giados es corresponsabilidad internacional. Así se enriquecerá la nación mexicana con los valores ancestrales de esas comu­nidades mayas, semejantes a las nuestras.

Para finalizar, la labor de COMAR mereció algún reconoci­miento internacional. Durante nuestro paso por ella, el emba­jador Erwan Fouéré, de la Comisión de las Comunidades Eu­ropeas, expresó en Tlatelolco el 23 de febrero de 1990, con ocasión de la constitución del Comité Nacional de Refugiados, su "reconocimiento para la COMAR, que atiende con sus pocos funcionarios a los refugiados en Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Admiramos -dijo- el desempeño de estas perso­nas que entregan su esfuerzo día a día, muchas veces en con­diciones climáticas inhóspitas, visitando los campamentos metidos allá en lo más profundo de las montañas y la selva. Para la Comunidad Europea, la protección internacional de los refugiados, y su asistencia, constituye una de sus políticas humanitarias más sentidas y de mayor preocupación".

Guadalajara, Jalisco, febrero de 1999

Esteban Garaiz

Coordinador general adjunto de COMAR,

1989-1991. Actual representante de la Comisión Federal Electoral de Jalisco.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS (parte I)

PRIMERA PARTE

Parte integrante de la práctica activa de los derechos hu­manos en México es indudablemente el ejercicio del asilo y el refugio, de inveterada tradición en México. Sean activis­tas políticos o simples víctimas de la violencia generalizada en su país de origen, quienes tengan que huir para salvar su vida o su integridad física y -parafraseando el artículo 2° de nuestra Constitución-, "entren al territorio na­cional alcanzarán, por ese solo hecho, su liber­tad y la protección de las leyes".

Es el caso de los 46 000 campesinos indíge­nas guatemaltecos que tuvieron que huir de su país en 1981 y 1982 a causa de la violencia ge­neralizada contra sus aldeas.

En el periodo de nuestra responsabilidad (1989-1991), los 20 000 refugiados reubicados en Campeche y Quintana Roo desde 1984 -único lugar don­de México contaba con tierras disponibles-, los refugiados ahí asentados se encaminaron gradualmente a la autosuficien­cia, mediante el cultivo de tierras con el apoyo de un fideico­miso instituido para ello; tuvieron poblados con calles traza­das, solares y viviendas rústicas, agua entubada, electricidad comunitaria, escuela primaria de organización completa, clí­nica rural, carpintería y panadería; es decir, siguieron un pro­ceso para lograr un nivel de vida equivalente al que tenían los campesinos mexicanos de la zona, gracias al financiamiento proveniente en parte de la comunidad internacional.

Durante 1989 se construyeron dos nuevos poblados: Kesté, en Campeche, para 550 familias, y La Laguna, en Quintana Roo para 232 familias. En 1991 se construyó Los Laureles, en Campeche para 550 familias.

Mientras se lograba la autosuficiencia, se realizó la recons­trucción del sitio arqueológico de Edzná, en Campeche, con trabajo asalariado de los refugiados cubierto por varios países cooperantes, entre otros España, cuyos reyes visitaron el sitio en enero de 1990. Tales trabajos significaron un gran aliciente para la autoestima de los refugiados, casi todos de origen maya, al reconstruir los monumentos que levantaron sus antepasados.

CHIAPAS: UN NUEVO ENFOQUE

Los 23 000 refugiados que no aceptaron ser reubicados -por temor a perder la oportunidad del retorno- permanecieron en gran precariedad en Chiapas durante siete años, asentados ilegalmente en tierras ejidales, siempre con el temor de ser expulsados una vez más, dispersos en 123 asentamientos, re­cibiendo el apoyo del Programa Mundial de Alimentos por medio de COMAR y con servicios inevitablemente deficientes de salud y educación (en Campeche y Quintana Roo, sólo los llamados "grupos vulnerables": viudas, huérfanos y ancianos recibieron alimentos del PMA).

En Chiapas, la COMAR ha recorrido desde 1982 más de 7 700 kilómetros para distribuir 65 000 toneladas de alimen­tos con un valor superior a los 24 millones de dólares, además del costo del transporte por otros 8 millones de dólares, tam­bién aportados por Naciones Unidas.

Ante esta situación, la nueva administración federal tomó en 1989 la determinación, con realismo político, de establecer programas productivos para lograr el autosostenimiento de los grupos de refugiados. En Chiapas, luego de garantizarles asien­to seguro, también se aplicaron dichos programas.

Se acordó, para ello, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados el paso del programa de asistencia (CM) al programa de autosuficiencia (LS) para Chiapas. Así, se elaboraron los proyectos específicos para lograrlo.

Dichos proyectos tomaban en cuenta la gran diferencia respecto de Campeche y Quintana Roo, es decir, la enorme carencia de tierras en Chiapas. Por eso se proyectó esa ayuda en dos vertientes: trabajo asalariado y actividades domésticas de traspatio.

El trabajo asalariado -también con recursos internaciona­les y específicamente de la Comunidad Europea y de Sue­cia- preveía la reparación de caminos rurales, reforestación, rehabilitación y saneamiento de las 6000 hectáreas del Parque Nacional Lagunas de Montebello infestadas por un insecto descortezador, rehabilitación y limpieza del distrito de riego de San Gregorio y restauración de las ruinas de El Lagartero. Se avanzó en los trabajos de vivero en Montebello y de limpieza en El Lagartero. Estos trabajos contribuyeron al desarrollo regional de los ocho municipios del vértice de Chiapas en re­tribución a la hospitalidad recibida.

La otra vertiente fue la autosuficiencia relativa -unos 80 días del año- que debería lograrse con actividades de traspa­tio para autoconsumo, a partir del asiento seguro: horticultura, aves de corral, apicultura, cría de conejos, zahúrdas, estanques de piscicultura, etc., básicamente en los solares familiares. Da­das las grandes limitaciones -económicas y políticas- de tierra en Chiapas. Los solares en los nuevos asientos eran en ese momento la única posibilidad de cultivo propio. Al respec­to cabe recordar que los campesinos guatemaltecos son exce­lentes horticultores. Pero, por encima de todo, deseaban un asiento seguro de donde nadie los expulsase.

CIREFCA, 1989

Estos programas fueron presentados -todavía en la fase de perfil- en mayo de 1989 en Guatemala en la Conferencia In­ternacional sobre Refugiados Centroamericanos, con gran be­neplácito de la comunidad internacional y especialmente de los países cooperantes. Para todos estos proyectos se concer­taron y firmaron convenios con las respectivas secretarías y entidades: ser, SARH, SEDUE, Comisión Forestal del Estado de Chiapas, etc. En el caso del INAH, siguió vigente el contrato del fideicomiso de ruinas.

En CIREFCA, el entonces subsecretario de Gobernación Mi­guel Limón Rojas, anunció que "con el objeto de adecuar la legislación mexicana a las nuevas modalidades migratorias internacionales, el gobierno enviará en la próxima sesión or­dinaria del Congreso de la Unión, una iniciativa para adicio­nar al artículo 42 de la Ley General de Población la calidad migratoria de refugiado, como figura jurídica diferenciada de la del asilado político". También este anuncio causó excelen­te impresión en la comunidad internacional. La reforma entró en vigor el 18 de julio y suponía la incorporación del princi­pio internacional de no devolución o de repatriación volunta­ria, no incluido expresamente en nuestras garantías constitu­cionales. El reglamento se expidió unos años más tarde.

REGULARIZACIÓN

Mientras tanto, COMAR firmó un convenio con la entonces Di­rección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, para documentar a todos los refugiados de Chia­pas con la forma migratoria FM 3, al igual que en Campeche y Quintana Roo, lo que les autorizaba a realizar trabajo asa­lariado. Hasta ese momento sólo contaban con la FM 8 de vi­sitantes temporales. Este trabajo, estaba muy avanzado en 1991 y se incorporó a los más de 6 800 refugiados dispersos que ha­biendo llegado de la misma región en conflicto y en los mis­mos años, permanecían indocumentados más allá de los ocho municipios del vértice de Santiago.

Para 1991, habían nacido en México 15000 hijos de refu­giados. Eran constitucionalmente mexicanos por derecho de suelo, y en Campeche y Quintana Roo habían sido asentados en el Registro Civil. Algunos se han repatriado con sus pa­dres. En Chiapas, COMAR contó con una brigada especial para el registro de los nacimientos, gracias al apoyo generoso del gobierno del estado; pero todavía se encontró, a pesar de la promoción, alguna resistencia de ciertos padres de familia, tal vez porque creían que ello les impediría repatriarlos a su retorno.

AUTOSUFICIENCIA

En Campeche y Quintana Roo los refugiados comenzaban a generar importantes excedentes agropecuarios para la co­mercialización. En los poblados de Campeche se produjeron, en 1989, 18 toneladas de fríjol, 439 de maíz, 217 de chihua (calabaza para semilla), 45 de cítricos -de plantaciones ya establecidas al adquirir los predios-, 25 de mango, 200 de ca­cahuate, 13 de flor de jamaica (seca), e igualmente, ocho tone­ladas de carne de bovino en pie y 74 de porcino, y 40 toneladas de miel.

En Quintana Roo los poblados de refugiados contribuye­ron a equilibrar el desarrollo del estado aportando excedentes importantes de frutas y otros productos agropecuarios a la ac­tividad hotelera de Cancún y a la ciudad de Chetumal. En mo­mentos de escasez nacional de fríjol en 1989, surtieron 335 toneladas para satisfacer la demanda de Chetumal, Cancún, y parte de Tabasco y Campeche. Aparte del autoconsumo, co­mercializaron en Cancún 103 toneladas de piña y siete de ji­tomate, así como 79 toneladas de carne de cerdo, seis de bo­vino, y 17 de miel, más 760 litros de leche para la elaboración de quesos. Produjeron 859 toneladas de maíz, 558 de fríjol, 275 de plátano, 412 de piña y siete de hortalizas.

La producción artesanal -tejidos típicos- es difícilmen­te cuantificable, pero contribuyó también al ingreso familiar y al comercio turístico.

Continua ...

THE GUATEMALAN REFUGEES AND HUMAN RIGHTS

The refugees settled in Campeche and Quintana Roo –the only places where México had land available- moved slowly towards self sufficiency through tilling the land. With money coming from the international community. townships were built streets and plots marked out, rustic dwellings, piped water, electricity, primary schools, rural clinics, carpenter’s shops and bakeries: in others words, they achieved a standard of living equal to that of the peasants in the area.

During 1989, two new townships were built-Kesté in Campeche, for 550 families, and La Laguna in Quintana Roo, for 232 families. In 1991 Los Laureles was built in Campeche for 550 families.

For their part, the 23 000 Guatemalans who did not agree to be relocated, for fear of losing their chance to return, remained in very precarious conditions in Chiapas, settled on common-farm land with the ever-present fear of being expelled, they were scattered into 123 settlements, receiving support from the World Food Program through COMAR and enjoying inevitably inferior health and education services. In 1989, it was decided to set up productive programs, in order to promote self-sufficiency by guaranteeing safe settlement. Hence, agreement was reached with the UNHCR to pass from the aid program to that of self-sufficiency for Chiapas.

These projects took into account the great difference from Campeche and Quintana Roo, which led to two focuses-salaried work and backyard cottage industries.

The salaried work, also with international money –above all with international money, and, more specifically, with money from the European Community and Sweden- supported the repair of rural roads, reforestation, rehabilitation and rescue of the 6 000 hectares of the Laguna’s de Montebello National Park, rehabilitation and cleaning up of the San Gregorio irrigation district and restoration of the El Lagartero ruins. These projects contributed to the regional development of the eight municipalities of the Chiapas Vertex, in return for hospitality received.

The other focus is relative self-sufficiency, for same 80 days a year, which should be achieved via cottage-industry activities for self consumption: horticulture, domestic fowl, bee-keeping, rabbit and pig breeding, fish ponds-all basically located on the family lots. Given the great economic and political limitations of land in Chiapas, the lots on the new settlements offered the only possibility of self-cultivation. In this respect, it is worth mentioning that the Guatemalan peasants are excellent horticulturists. However, above all, there desire a safe settlement from which nobody will expel them.

Within the framework of the International Conference on Central American Refugees, it was announced that, in order to bring Mexican legislation up to date with new international migratory procedures, the Government would send a initiative to Congress to add, to Article 42 of the General Population Law the migratory status of refugee, as a different legal entity than that of political –asylum recipient. The reform took effect oh the 18^th of July 1992, and contemplates the incorporation of the international principle of Non-returnement and Voluntary Repatriation, not expressly included among our constitutional guarantees.

Meanwhile, COMAR, in conjunction with the Secretariat of the Interior, decided to grant all the Chiapas refuges the FM 3 non-immigrant permit, as in Chiapas and Quintana Roo, thus authorizing them to engage in paid labor, given that they had previously held the FM 8 permit issued to temporary visitors. This work incorporated more than 6 800 refugees who were scattered, without documents, among the 8 municipalities.

In Campeche and Quintana Roo, the refugees generated important surpluses of saleable agricultural products. In Quintana Roo, the refugees contributed to improving the state’s development, producing significant surpluses of fruit and other agricultural products (corn, beans, bananas, pineapple and vegetables) to the benefits of the hotel industry in Cancun.

In the field of education, primary education studies were certified, formally incorporating them into the National Educational System. Free text books were distributed, to make valid the International criterion that refugee children should have the same educational opportunities as the children of citizens.

In the Xth Meeting of CEAR (the Special Commission for Attention to Returnees, Refugees and Displaced) and COMAR, in which the UNCHR also took part, held in Guatemala in march 1990 to evaluate repatriations, the Government of that country announced that it “recognizes the land-holding rights of the Guatemalan refugees who were grantees of the agrarian transformation.

With the passage of time, the moment has come to bring up the matter of the refugees’ integration into Mexico or their return to their country. Their incorporation into the Mexican nation evidently calls for a process of raising the living standards of the refugee population, until they have, at least, reached the average level of the Mexican communities in the region.

Guadalajara, Jalisco, February of 1999

Esteban Garaiz. COMAR Associate Coordinator General, 1989-1991.

Presently Representative of the Jalisco Federal Electoral Commission.

Mi desarrollo curricular en EL COLEGIO DE MEXICO

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