martes, 31 de octubre de 2006

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS REFUGIADOS GUATEMALTECOS (parte I)

PRIMERA PARTE

Parte integrante de la práctica activa de los derechos hu­manos en México es indudablemente el ejercicio del asilo y el refugio, de inveterada tradición en México. Sean activis­tas políticos o simples víctimas de la violencia generalizada en su país de origen, quienes tengan que huir para salvar su vida o su integridad física y -parafraseando el artículo 2° de nuestra Constitución-, "entren al territorio na­cional alcanzarán, por ese solo hecho, su liber­tad y la protección de las leyes".

Es el caso de los 46 000 campesinos indíge­nas guatemaltecos que tuvieron que huir de su país en 1981 y 1982 a causa de la violencia ge­neralizada contra sus aldeas.

En el periodo de nuestra responsabilidad (1989-1991), los 20 000 refugiados reubicados en Campeche y Quintana Roo desde 1984 -único lugar don­de México contaba con tierras disponibles-, los refugiados ahí asentados se encaminaron gradualmente a la autosuficien­cia, mediante el cultivo de tierras con el apoyo de un fideico­miso instituido para ello; tuvieron poblados con calles traza­das, solares y viviendas rústicas, agua entubada, electricidad comunitaria, escuela primaria de organización completa, clí­nica rural, carpintería y panadería; es decir, siguieron un pro­ceso para lograr un nivel de vida equivalente al que tenían los campesinos mexicanos de la zona, gracias al financiamiento proveniente en parte de la comunidad internacional.

Durante 1989 se construyeron dos nuevos poblados: Kesté, en Campeche, para 550 familias, y La Laguna, en Quintana Roo para 232 familias. En 1991 se construyó Los Laureles, en Campeche para 550 familias.

Mientras se lograba la autosuficiencia, se realizó la recons­trucción del sitio arqueológico de Edzná, en Campeche, con trabajo asalariado de los refugiados cubierto por varios países cooperantes, entre otros España, cuyos reyes visitaron el sitio en enero de 1990. Tales trabajos significaron un gran aliciente para la autoestima de los refugiados, casi todos de origen maya, al reconstruir los monumentos que levantaron sus antepasados.

CHIAPAS: UN NUEVO ENFOQUE

Los 23 000 refugiados que no aceptaron ser reubicados -por temor a perder la oportunidad del retorno- permanecieron en gran precariedad en Chiapas durante siete años, asentados ilegalmente en tierras ejidales, siempre con el temor de ser expulsados una vez más, dispersos en 123 asentamientos, re­cibiendo el apoyo del Programa Mundial de Alimentos por medio de COMAR y con servicios inevitablemente deficientes de salud y educación (en Campeche y Quintana Roo, sólo los llamados "grupos vulnerables": viudas, huérfanos y ancianos recibieron alimentos del PMA).

En Chiapas, la COMAR ha recorrido desde 1982 más de 7 700 kilómetros para distribuir 65 000 toneladas de alimen­tos con un valor superior a los 24 millones de dólares, además del costo del transporte por otros 8 millones de dólares, tam­bién aportados por Naciones Unidas.

Ante esta situación, la nueva administración federal tomó en 1989 la determinación, con realismo político, de establecer programas productivos para lograr el autosostenimiento de los grupos de refugiados. En Chiapas, luego de garantizarles asien­to seguro, también se aplicaron dichos programas.

Se acordó, para ello, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados el paso del programa de asistencia (CM) al programa de autosuficiencia (LS) para Chiapas. Así, se elaboraron los proyectos específicos para lograrlo.

Dichos proyectos tomaban en cuenta la gran diferencia respecto de Campeche y Quintana Roo, es decir, la enorme carencia de tierras en Chiapas. Por eso se proyectó esa ayuda en dos vertientes: trabajo asalariado y actividades domésticas de traspatio.

El trabajo asalariado -también con recursos internaciona­les y específicamente de la Comunidad Europea y de Sue­cia- preveía la reparación de caminos rurales, reforestación, rehabilitación y saneamiento de las 6000 hectáreas del Parque Nacional Lagunas de Montebello infestadas por un insecto descortezador, rehabilitación y limpieza del distrito de riego de San Gregorio y restauración de las ruinas de El Lagartero. Se avanzó en los trabajos de vivero en Montebello y de limpieza en El Lagartero. Estos trabajos contribuyeron al desarrollo regional de los ocho municipios del vértice de Chiapas en re­tribución a la hospitalidad recibida.

La otra vertiente fue la autosuficiencia relativa -unos 80 días del año- que debería lograrse con actividades de traspa­tio para autoconsumo, a partir del asiento seguro: horticultura, aves de corral, apicultura, cría de conejos, zahúrdas, estanques de piscicultura, etc., básicamente en los solares familiares. Da­das las grandes limitaciones -económicas y políticas- de tierra en Chiapas. Los solares en los nuevos asientos eran en ese momento la única posibilidad de cultivo propio. Al respec­to cabe recordar que los campesinos guatemaltecos son exce­lentes horticultores. Pero, por encima de todo, deseaban un asiento seguro de donde nadie los expulsase.

CIREFCA, 1989

Estos programas fueron presentados -todavía en la fase de perfil- en mayo de 1989 en Guatemala en la Conferencia In­ternacional sobre Refugiados Centroamericanos, con gran be­neplácito de la comunidad internacional y especialmente de los países cooperantes. Para todos estos proyectos se concer­taron y firmaron convenios con las respectivas secretarías y entidades: ser, SARH, SEDUE, Comisión Forestal del Estado de Chiapas, etc. En el caso del INAH, siguió vigente el contrato del fideicomiso de ruinas.

En CIREFCA, el entonces subsecretario de Gobernación Mi­guel Limón Rojas, anunció que "con el objeto de adecuar la legislación mexicana a las nuevas modalidades migratorias internacionales, el gobierno enviará en la próxima sesión or­dinaria del Congreso de la Unión, una iniciativa para adicio­nar al artículo 42 de la Ley General de Población la calidad migratoria de refugiado, como figura jurídica diferenciada de la del asilado político". También este anuncio causó excelen­te impresión en la comunidad internacional. La reforma entró en vigor el 18 de julio y suponía la incorporación del princi­pio internacional de no devolución o de repatriación volunta­ria, no incluido expresamente en nuestras garantías constitu­cionales. El reglamento se expidió unos años más tarde.

REGULARIZACIÓN

Mientras tanto, COMAR firmó un convenio con la entonces Di­rección General de Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, para documentar a todos los refugiados de Chia­pas con la forma migratoria FM 3, al igual que en Campeche y Quintana Roo, lo que les autorizaba a realizar trabajo asa­lariado. Hasta ese momento sólo contaban con la FM 8 de vi­sitantes temporales. Este trabajo, estaba muy avanzado en 1991 y se incorporó a los más de 6 800 refugiados dispersos que ha­biendo llegado de la misma región en conflicto y en los mis­mos años, permanecían indocumentados más allá de los ocho municipios del vértice de Santiago.

Para 1991, habían nacido en México 15000 hijos de refu­giados. Eran constitucionalmente mexicanos por derecho de suelo, y en Campeche y Quintana Roo habían sido asentados en el Registro Civil. Algunos se han repatriado con sus pa­dres. En Chiapas, COMAR contó con una brigada especial para el registro de los nacimientos, gracias al apoyo generoso del gobierno del estado; pero todavía se encontró, a pesar de la promoción, alguna resistencia de ciertos padres de familia, tal vez porque creían que ello les impediría repatriarlos a su retorno.

AUTOSUFICIENCIA

En Campeche y Quintana Roo los refugiados comenzaban a generar importantes excedentes agropecuarios para la co­mercialización. En los poblados de Campeche se produjeron, en 1989, 18 toneladas de fríjol, 439 de maíz, 217 de chihua (calabaza para semilla), 45 de cítricos -de plantaciones ya establecidas al adquirir los predios-, 25 de mango, 200 de ca­cahuate, 13 de flor de jamaica (seca), e igualmente, ocho tone­ladas de carne de bovino en pie y 74 de porcino, y 40 toneladas de miel.

En Quintana Roo los poblados de refugiados contribuye­ron a equilibrar el desarrollo del estado aportando excedentes importantes de frutas y otros productos agropecuarios a la ac­tividad hotelera de Cancún y a la ciudad de Chetumal. En mo­mentos de escasez nacional de fríjol en 1989, surtieron 335 toneladas para satisfacer la demanda de Chetumal, Cancún, y parte de Tabasco y Campeche. Aparte del autoconsumo, co­mercializaron en Cancún 103 toneladas de piña y siete de ji­tomate, así como 79 toneladas de carne de cerdo, seis de bo­vino, y 17 de miel, más 760 litros de leche para la elaboración de quesos. Produjeron 859 toneladas de maíz, 558 de fríjol, 275 de plátano, 412 de piña y siete de hortalizas.

La producción artesanal -tejidos típicos- es difícilmen­te cuantificable, pero contribuyó también al ingreso familiar y al comercio turístico.

Continua ...

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