Esteban Garaiz
01-10-19
La refundación, en
cualquier instancia, debería ser siempre un proceso continuo. Como la vida
misma, que continuamente se renueva, hace a un lado lo que ya se ha desgastado
o deteriorado, o fenecido; y sigue en movimiento regenerándose.
La Refundación
decidida en Jalisco no necesariamente tiene que culminar, y mucho menos
terminar, en una nueva Constitución del Estado.
Sin duda hay puntos
importantes por refundar en la vida pública de Jalisco. Entre ellos, podrían
mencionarse, en primera instancia:
La inclusión y
acceso pleno a todos los derechos de los pueblos originarios;
La reducción de la
mortalidad infantil, con índices bochornosos, según la Organización Mundial de
la Salud;
La superación del
rezago y saturación de las instalaciones hospitalarias en todo el territorio
estatal;
El rezago educativo
y de edificios escolares, principalmente en el área rural; y también la
inaceptable deserción escolar media y media superior por falta de medios;
El desastre prolongado
por decenios en el desempeño omiso del Poder Judicial del Estado, sin emitir ni
una sola sentencia seria dentro del plazo de ley; lo que supone la violación
sistemática de la propia ley por los mismos juzgadores.
Otro punto, de
trascendencia nacional, pero que lo sufren las familias jaliscienses que viven
de su trabajo honrado, o sea: la inmensa mayoría de la población del Estado, es
la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo: siquiera hasta alcanzar
el poder de compra que tuvo en 1976 que era más de 4 veces la capacidad de
compra del salario mínimo en Jalisco en 2018. Debe tener remedio y solución con
la Refundación del Estado: por supuesto, sin la funesta Comisión Nacional del
Salario Mínimo, otra de las muchas perversiones jurídicas que soportamos.
Por su especial
relevancia y porque repercute en todos los ámbitos de la vida social del
Estado, resulta inevitable fijar la atención de manera especial en el tema del
Poder Judicial.
Es verdaderamente
imperdonable que sea precisamente el Poder Judicial, o sea: el órgano público
responsable por esencia de garantizar la justicia y los derechos de todos los
seres humanos que habitan en el Estado de Jalisco, el que precisamente comience
y enmarque su actuación con una falacia absurda y criminal.
Con una visión
decimonónica, sostienen que su obligación de garantizar los derechos de todos
los humanos llega sólo hasta donde alcanzan los recursos disponibles.
En vez de ejercer
plenamente su Poder, que los obliga, para contar con todos los recursos
necesarios para cumplir su obligación de hacer cumplir los derechos de todos.
Si ese Poder no
puede lograr los recursos necesarios, en algún lado hay alguna disfunción que
la Refundación tiene la obligación de corregir.
La falta más severa
estriba en el tiempo laboral. Dice el artículo 52 de la actual Constitución de
Jalisco: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en sus
plazos”.
Si no es en sus
plazos, es omisa. Por decenios en Jalisco ha sido, y es, omisa; o sea: injusta.
