Para Milenio
Esteban Garaiz
17 de septiembre 2019
Está escrito desde hace 102 años. Ahí está en el Pacto
Nacional de 1917. Dio excelente resultado hasta 1982. En el ámbito de las
Naciones Unidas se le conoció como “el milagro mexicano”.
Para quienes andan ahora, después de 36 años de escaso
crecimiento, y peor distribución, hoy citan falta de crecimiento económico, y
auguran (parece que hasta desean) una previsible recesión “nacional”, en
tiempos en que la peligrosa batalla arancelaria (iniciada absurdamente en la
que hasta ahora era la economía de mayor tamaño del planeta) tiene nerviosos y
en la incertidumbre (esa sí genuina) a los actores medianos de la economía del
orbe.
La rectoría económica del Estado, acordada (que quede claro)
por todas las fracciones constitucionales: antirreeleccionistas, villistas, de
la Casa del Obrero Mundial, zapatistas, carrancistas, del Partido Liberal
Mexicano de Camilo Arriaga, agrónomos patriotas, y hasta porfirianos como Félix
F. Palavicini.
“La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público”.
El primer pacto nacional que va más allá de la pura
estructura formal del Estado nacional, para sentar las bases de una verdadera
república de soberanía popular, una vez desmontados los latifundios intactos
desde la Conquista y el peonaje de “las cuatro quintas partes” de los
mexicanos.
Proyecto nacional que también incorpora, de manera precursora,
la visión ecologista. Porque el dictado expresa a continuación que ese derecho
incluye “el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equitativo del país y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población rural y urbana; y para evitar la destrucción de los
elementos naturales”.
Los amables lectores podrán juzgar a simple vista, cómo se han
cumplido estas disposiciones del Pacto Nacional centenario en los últimos 6
sexenios; y específicamente qué ocurrió con la minería y con otros “elementos
naturales susceptibles de apropiación”.
Tendrán claro de dónde proviene la incertidumbre que todos los
días cacarean los que se autoproclaman voceros de los inversionistas.
Porque 30 millones de ciudadanos sí tuvieron certidumbre
sobre lo que respaldaban en su boleta electoral el 1 de julio de 2018. Sabían
con certeza que la propuesta del Movimiento de Regeneración Nacional se basaba
esencialmente en la recuperación de los lineamientos del Pacto Nacional de
1917.
Pacto Nacional que, a pesar de todos de chipotes y cicatrices
que ha sufrido, de manera connotada en los ámbitos: fiscal, militar, ferroviario,
energético, siderúrgico, educativo, petrolero, todavía conserva casi intacta la
rectoría económica del Estado. Ahí está la certidumbre.
Es llamativo observar cómo dos naciones gobernadas por
regímenes políticos de Partido Comunista: China y Cuba han evolucionado hacia
incluir en sus normas fundamentales la rectoría estatal sobre su mercado
privado: lo que dicte el interés público.
