Agradezco, en primera instancia, la invitación que la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social hace a esta Junta Local del Instituto Federal Electoral para participar como expositor en estas Conferencias de las Jornadas de la Transparencia y la Legalidad. En esta descomunal tarea, como ya es conocido, no solo está comprometido el Instituto Federal Electoral como la autoridad competente en la materia, sino también los tres niveles de gobierno e incluso la propia sociedad civil.
A todo el mundo le queda ya claro que el verdadero problema de la democracia mexicana en estos tiempos ya no es sólo, ni primeramente, el conteo pulcro de los votos emitidos por cada uno de los ciudadanos. El verdadero problema hoy se presenta con los restos, todavía pesados, de la compra y la coacción del voto; con los restos, todavía ostensibles, de toda clase de intentos corporativos del voto; y, lo más serio, con la equidad: la equidad manifestada a través del uso del dinero, de recursos materiales y humanos de origen público y de los tiempos mediáticos.
Ante el nuevo fenómeno público de las precampañas lanzadas al total de la ciudadanía, la ley no ha reaccionado a tiempo. Todavía nos encontramos con un impresionante hoyo negro de carácter jurídico. Todavía hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevé ninguna reglamentación ni acotamiento para las precampañas, partiendo del supuesto, que ya no es históricamente cierto, de que las precampañas son procesos internos de cada partido político. Así, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sigue considerando que las campañas comienzan al día siguiente del registro de los candidatos oficiales y, en consecuencia, a partir de ese momento comienza la fiscalización por parte del Instituto Federal Electoral, y no antes.
No basta esperar a que la próxima Legislatura cubra con carácter de urgente ese serio y preocupante vacío legal. Es necesario tomar medidas operativas en este proceso electoral que culminará en la jornada electoral de dentro de siete semanas.
El IFE, dentro de sus acotadas atribuciones legales, que en el caso de los órganos desconcentrados casi se reducen a la autoridad moral, está procurando hacer su parte.
El pasado 19 de febrero el Consejo General del IFE emitió –reitero: dentro de sus limitadas facultades – un Acuerdo “por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006.
El artículo primero de dicho Acuerdo dice a la letra:
PRIMERO.- Las reglas de neutralidad que el Instituto Federal Electoral establece para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal consisten en abstenerse de:
I. Efectuar aportaciones provenientes de erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por los artículos 183 y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (que consiste en el trato equitativo para el uso de locales públicos y en la seguridad personal para los candidatos).
II. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular federal.
III. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato.
IV. Realizar dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. (Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves, así como asuntos de cobro y pagos diversos).
V. Efectuar dentro de los cuarenta días naturales previos a la jornada electoral durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.
VI. Realizar cualquier acto de campaña que tenga como objetivo la promoción del voto.
VII. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral federal de 2006, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato.
Con ocasión de su aprobación, el Consejero Presidente del IFE afirmó que “con este acuerdo reducimos un área de conflictividad entre las fuerzas políticas y los gobiernos de todos los niveles y signos partidistas y ayudamos a que el reflector del debate se oriente hacia los electores. Ha llegado la hora – dijo Luis Carlos Ugalde – de generar las condiciones para que los electores ejerzan su voto con plena libertad”.
Es muy de lamentarse, por ello, que Germán Martínez, representante del PAN, ante el Consejo General del IFE haya afirmado en esa ocasión que su partido “acepta con desgano el documento que se somete a consideración”.
La Junta Local del IFE en el Estado de Jalisco considera, como el consejero Marco Antonio Gómez, que la libertad de expresión, como cualquier otra de las garantías constitucionales, tiene un ejercicio acotado, fundamentalmente por el respeto a los derechos de los demás. No hay, no puede haber en una sociedad civil, un uso irrestricto de las libertades.
Pero, por lo dicho, no nos podemos apegar sólo a la legalidad. Hay una ética que reclamar en nuestro ejercicio del poder público, que, por definición, emana de los ciudadanos.
La mujer del César no sólo debe ser honesta; debe también parecerlo. Es una seria imprudencia política que quien encabeza las importantes tareas de desarrollo social del Estado mexicano, aparezca visitando la casa familiar de uno de los aspirantes a la presidencia de la República.
La reforma electoral de fines de 1990 se plasmó en tres elementos:
1.-La clara definición jurídica a partir del art. 41 de la Constitución y del COFIPE;
2.- La creación de nuevas instituciones electorales, el IFE y el Tribunal , así como la FEPADE entre otras;
3.- Los procedimientos que acorralan el fraude por todos los flancos, entre otros el sorteo de los ciudadanos funcionarios de casilla.
Más de 15 años han pasado desde entonces. Hoy los problemas al frente son otros. Ya el conteo pulcro de los votos no es el tema central, aunque, sí continúa preocupando la compra, el chantaje y la coacción del voto. Al IFE nunca se le ha caído el sistema (en 5 procesos).
.
Habrá que estar muy atento a los nuevos tiempos. Ahora que contamos bien los votos, hay que mirar a los temas del alma de la democracia: hay que mirar a la equidad, que se traduce materialmente en dinero y en tiempos mediáticos. No aceptemos con naturalidad en nuestra joven y tierna democracia todas las viejas plagas de las democracias arcaicas y obsoletas, como si sus vicios fueran virtudes consustanciables a una buena cultura democrática.
Cuidado con aceptar como natural el abstencionismo de los ciudadanos, porque así ocurre en otras latitudes. Cuidado con que nos convenzan de que nuestra rica pluralidad política debe reprimirse y constreñirse a tener que escoger a fuerza entre melón y sandía y que se nos diga como dogma de fe que cualquier opción política de más de dos es atentar contra la gobernabilidad. Cuidado con que lleguen incluso a proclamar como dogma de fe que los legisladores electos por representación proporcional no fueron realmente electos por el voto de los ciudadanos.
Cuidado con que nos quieran convencer de que el cabildeo es una práctica sana y normal de los sistemas democráticos consolidados, cuando es a todas luces su peor y más vieja perversión, incurable perversión. No queramos importar ahora precisamente las perversiones, como si fuera lo imitable. No nos vayan a convencer de que el voto de los tiburones vale más que el de las sardinas.
El marketing político no puede, no debe ser visto como parte sana de la normalidad democrática. Es una perversión porque tuerce la necesaria información de los ciudadanos para emitir un voto razonado. El rumbo de la Nación no es una mercancía. No es normal ni menos aun, sano.
Cuando estamos gradualmente librándonos del corporativismo de las masas trabajadoras, no nos convenzan de que, en cambio, resulta muy saludable el corporativismo empresarial.
No nos convenzan, por favor, de que la guerra sucia, las prácticas de difamación y calumnia – que claramente prohibe no sólo el artículo 186 del COFIPE, sino expresamente los artículos 6º. Y 7º. de la Constitución Política – aparezcan ahora como prácticas naturales y sanas de la democracia y de la libertad de expresión y no como mecanismos perversos para desorientar el voto de los ciudadanos, que tienen el derecho de emitir un voto informado y razonado y no un sufragio sustentado en el instinto animal del miedo.
Mucho peor: que hayamos importado de otras latitudes a profesionales de la calumnia política, de manera clandestina para que no quede prueba jurídica.
La gobernabilidad democrática no se logra por la restricción a las opciones políticas que brotan de nuestra pluralidad social; se logra por la vía de los grandes consensos de lo mucho que nos une. Una vez más hay que decirlo: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La gobernabilidad democrática se logra con talento político, con oficio político, no con mayorías artificiales de segundas vueltas. Se logra rescatando la política como el mecanismo real de las convivencias, sin imposiciones ni restricciones.
Hemos tardado en darnos cuenta que el verdadero cambio del 2000 no es sólo el hecho importantísimo de que, por primera vez en nuestra historia nacional, un partido en el poder lo entrega pacíficamente a la oposición, sin derramar sangre; los escándalos recientes en el Legislativo Federal nos han hecho entender la enorme trascendencia de las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, y comprender que hay tres poderes republicanos.
Si queremos que los jóvenes participen, es necesario hacerles entender que quienes consideran que la política es sucia y no quieren ensuciarse votando, son precisamente los que llevan a los malos políticos al poder.
Nos queda una larga tarea por delante.
Mayo 15, 2006
A todo el mundo le queda ya claro que el verdadero problema de la democracia mexicana en estos tiempos ya no es sólo, ni primeramente, el conteo pulcro de los votos emitidos por cada uno de los ciudadanos. El verdadero problema hoy se presenta con los restos, todavía pesados, de la compra y la coacción del voto; con los restos, todavía ostensibles, de toda clase de intentos corporativos del voto; y, lo más serio, con la equidad: la equidad manifestada a través del uso del dinero, de recursos materiales y humanos de origen público y de los tiempos mediáticos.
Ante el nuevo fenómeno público de las precampañas lanzadas al total de la ciudadanía, la ley no ha reaccionado a tiempo. Todavía nos encontramos con un impresionante hoyo negro de carácter jurídico. Todavía hoy el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no prevé ninguna reglamentación ni acotamiento para las precampañas, partiendo del supuesto, que ya no es históricamente cierto, de que las precampañas son procesos internos de cada partido político. Así, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sigue considerando que las campañas comienzan al día siguiente del registro de los candidatos oficiales y, en consecuencia, a partir de ese momento comienza la fiscalización por parte del Instituto Federal Electoral, y no antes.
No basta esperar a que la próxima Legislatura cubra con carácter de urgente ese serio y preocupante vacío legal. Es necesario tomar medidas operativas en este proceso electoral que culminará en la jornada electoral de dentro de siete semanas.
El IFE, dentro de sus acotadas atribuciones legales, que en el caso de los órganos desconcentrados casi se reducen a la autoridad moral, está procurando hacer su parte.
El pasado 19 de febrero el Consejo General del IFE emitió –reitero: dentro de sus limitadas facultades – un Acuerdo “por el cual se emiten las reglas de neutralidad para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales, los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal y, en su caso, el resto de los servidores públicos durante el proceso electoral federal 2006.
El artículo primero de dicho Acuerdo dice a la letra:
PRIMERO.- Las reglas de neutralidad que el Instituto Federal Electoral establece para que sean atendidas por el Presidente de la República, los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes Municipales y los Jefes Delegacionales en el Distrito Federal consisten en abstenerse de:
I. Efectuar aportaciones provenientes de erario público a partidos políticos, coaliciones o candidatos; o brindarles cualquier clase de apoyo gubernamental distinto a los permitidos por los artículos 183 y 184 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (que consiste en el trato equitativo para el uso de locales públicos y en la seguridad personal para los candidatos).
II. Asistir en días hábiles a cualquier evento o acto público, gira, mitin, acto partidista, de coalición o de campaña, de los aspirantes y candidatos a cargos de elección popular federal.
III. Condicionar obra o recursos de programas gubernamentales a cambio de la promesa del voto a favor o para apoyar la promoción de determinado partido político, coalición o candidato.
IV. Realizar dentro de los cuarenta días naturales anteriores a la jornada electoral y durante la misma, cualquier tipo de campaña publicitaria de programas de obra pública o de desarrollo social. (Se exceptúa de dicha suspensión la comunicación de medidas urgentes de Estado o de acciones relacionadas con protección civil, programas de salud por emergencias, servicios y atención a la comunidad por causas graves, así como asuntos de cobro y pagos diversos).
V. Efectuar dentro de los cuarenta días naturales previos a la jornada electoral durante la misma, campañas de promoción de la imagen personal del servidor público, a través de inserciones en prensa, radio, televisión o Internet, así como bardas, mantas, volantes, anuncios espectaculares u otros similares.
VI. Realizar cualquier acto de campaña que tenga como objetivo la promoción del voto.
VII. Emitir a través de cualquier discurso o medio, publicidad o expresiones de promoción o propaganda a favor de un partido político, coalición o de sus aspirantes y candidatos a cargos de elección popular en el proceso electoral federal de 2006, incluyendo la utilización de símbolos y mensajes distintivos que vinculen a un partido político, coalición o candidato.
Con ocasión de su aprobación, el Consejero Presidente del IFE afirmó que “con este acuerdo reducimos un área de conflictividad entre las fuerzas políticas y los gobiernos de todos los niveles y signos partidistas y ayudamos a que el reflector del debate se oriente hacia los electores. Ha llegado la hora – dijo Luis Carlos Ugalde – de generar las condiciones para que los electores ejerzan su voto con plena libertad”.
Es muy de lamentarse, por ello, que Germán Martínez, representante del PAN, ante el Consejo General del IFE haya afirmado en esa ocasión que su partido “acepta con desgano el documento que se somete a consideración”.
La Junta Local del IFE en el Estado de Jalisco considera, como el consejero Marco Antonio Gómez, que la libertad de expresión, como cualquier otra de las garantías constitucionales, tiene un ejercicio acotado, fundamentalmente por el respeto a los derechos de los demás. No hay, no puede haber en una sociedad civil, un uso irrestricto de las libertades.
Pero, por lo dicho, no nos podemos apegar sólo a la legalidad. Hay una ética que reclamar en nuestro ejercicio del poder público, que, por definición, emana de los ciudadanos.
La mujer del César no sólo debe ser honesta; debe también parecerlo. Es una seria imprudencia política que quien encabeza las importantes tareas de desarrollo social del Estado mexicano, aparezca visitando la casa familiar de uno de los aspirantes a la presidencia de la República.
La reforma electoral de fines de 1990 se plasmó en tres elementos:
1.-La clara definición jurídica a partir del art. 41 de la Constitución y del COFIPE;
2.- La creación de nuevas instituciones electorales, el IFE y el Tribunal , así como la FEPADE entre otras;
3.- Los procedimientos que acorralan el fraude por todos los flancos, entre otros el sorteo de los ciudadanos funcionarios de casilla.
Más de 15 años han pasado desde entonces. Hoy los problemas al frente son otros. Ya el conteo pulcro de los votos no es el tema central, aunque, sí continúa preocupando la compra, el chantaje y la coacción del voto. Al IFE nunca se le ha caído el sistema (en 5 procesos).
.
Habrá que estar muy atento a los nuevos tiempos. Ahora que contamos bien los votos, hay que mirar a los temas del alma de la democracia: hay que mirar a la equidad, que se traduce materialmente en dinero y en tiempos mediáticos. No aceptemos con naturalidad en nuestra joven y tierna democracia todas las viejas plagas de las democracias arcaicas y obsoletas, como si sus vicios fueran virtudes consustanciables a una buena cultura democrática.
Cuidado con aceptar como natural el abstencionismo de los ciudadanos, porque así ocurre en otras latitudes. Cuidado con que nos convenzan de que nuestra rica pluralidad política debe reprimirse y constreñirse a tener que escoger a fuerza entre melón y sandía y que se nos diga como dogma de fe que cualquier opción política de más de dos es atentar contra la gobernabilidad. Cuidado con que lleguen incluso a proclamar como dogma de fe que los legisladores electos por representación proporcional no fueron realmente electos por el voto de los ciudadanos.
Cuidado con que nos quieran convencer de que el cabildeo es una práctica sana y normal de los sistemas democráticos consolidados, cuando es a todas luces su peor y más vieja perversión, incurable perversión. No queramos importar ahora precisamente las perversiones, como si fuera lo imitable. No nos vayan a convencer de que el voto de los tiburones vale más que el de las sardinas.
El marketing político no puede, no debe ser visto como parte sana de la normalidad democrática. Es una perversión porque tuerce la necesaria información de los ciudadanos para emitir un voto razonado. El rumbo de la Nación no es una mercancía. No es normal ni menos aun, sano.
Cuando estamos gradualmente librándonos del corporativismo de las masas trabajadoras, no nos convenzan de que, en cambio, resulta muy saludable el corporativismo empresarial.
No nos convenzan, por favor, de que la guerra sucia, las prácticas de difamación y calumnia – que claramente prohibe no sólo el artículo 186 del COFIPE, sino expresamente los artículos 6º. Y 7º. de la Constitución Política – aparezcan ahora como prácticas naturales y sanas de la democracia y de la libertad de expresión y no como mecanismos perversos para desorientar el voto de los ciudadanos, que tienen el derecho de emitir un voto informado y razonado y no un sufragio sustentado en el instinto animal del miedo.
Mucho peor: que hayamos importado de otras latitudes a profesionales de la calumnia política, de manera clandestina para que no quede prueba jurídica.
La gobernabilidad democrática no se logra por la restricción a las opciones políticas que brotan de nuestra pluralidad social; se logra por la vía de los grandes consensos de lo mucho que nos une. Una vez más hay que decirlo: es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. La gobernabilidad democrática se logra con talento político, con oficio político, no con mayorías artificiales de segundas vueltas. Se logra rescatando la política como el mecanismo real de las convivencias, sin imposiciones ni restricciones.
Hemos tardado en darnos cuenta que el verdadero cambio del 2000 no es sólo el hecho importantísimo de que, por primera vez en nuestra historia nacional, un partido en el poder lo entrega pacíficamente a la oposición, sin derramar sangre; los escándalos recientes en el Legislativo Federal nos han hecho entender la enorme trascendencia de las decisiones que se toman en el Poder Legislativo, y comprender que hay tres poderes republicanos.
Si queremos que los jóvenes participen, es necesario hacerles entender que quienes consideran que la política es sucia y no quieren ensuciarse votando, son precisamente los que llevan a los malos políticos al poder.
Nos queda una larga tarea por delante.
Mayo 15, 2006
Esteban Garaiz
