DOÑA LOUISE Y LOS BOLÍGRAFOS.
12 de febrero de 2008
A la hora de firmar, los bolígrafos fallaron. Los dos soltaron la risa. Muy conveniente para relajar la tensión que se cortaba en el aire. La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Louise Arbour y el titular del Poder Ejecutivo Federal en México llegaban al final de los cortos días de visita de ella a nuestro país.
La doctora Arbour, dama educada y valiente de sólida trayectoria, que ya fue Presidenta de la Corte Suprema de Justicia en Canadá, su patria, ha venido a México con voz comedida, pero firme. Lo cortés no le ha quitado lo valiente. Ha dicho que en México hay impunidad; que el sistema de justicia no protege a las mujeres; que la nueva ley en materia de justicia penal viola los derechos humanos; que ” la participación de militares en tareas policiales no es apropiado en el largo plazo e incluso podría ser peligroso, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza”.
Louise Arbour ha puesto en estos días en México el dedo en la llaga en un tema de extrema importancia. Ha dicho a la letra: “Estoy preocupada por esta situación de la criminalización de la protesta social: se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados”.
Cuando vemos en México acontecimientos recientes, como la represión en Oaxaca, las violaciones policíacas en San Salvador Atenco, el trato a los altermundistas en Guadalajara, la ocupación militar en Tamaulipas y Michoacán, la impunidad de las brutalidades de los grupos paramilitares en Chiapas; cuando vemos que la mortalidad infantil en México es cuatro veces la de Cuba; mientras andamos empeñados en penalizar el aborto; y vemos también disminuir más y más la cobertura de la seguridad social en todo el país; que el campo en México sobrevive gracias a los sufrimientos, y aun humillaciones, de millones de compatriotas desterrados, por el ineficaz manejo de nuestra economía, no tenemos más que reconocer y admirar a esta mujer comedida pero claridosa que le recuerda al poder público sus graves abandonos de los derechos de las personas.
Pero además, está la contumacia. En clara respuesta a las declaraciones de la Alta Comisionada, el coordinador panista en el Senado de la República, Santiago Creel Miranda sostiene que “se hace necesaria” la participación del Ejército. La razón aducida por el senador Creel es verdaderamente conmovedora: “El grado de desmantelamiento – dice – que han tenido las policías municipales y estatales, la corrupción y su connivencia con la delincuencia organizada hace necesaria su participación; aunque, eventualmente se tendrá que transitar a un régimen totalmente civil, pero ese tránsito debe presentarse cuando se puedan recomponer y reordenar las policías estatales y municipales”.
O sea, no hay de quién fiarse. No hay institución que quede sana en México; “eventualmente” se podrá civilizar la militarización de la vida nacional. Vivan las instituciones.
Pero no creamos que es una ocurrencia personal del senador Creel. Felipe Calderón comparte, al parecer, esta misma visión: la tarea civilizadora de la militarización de la vida nacional. Si el senador dice que la reforma judicial “brindará más elementos al Ejecutivo para combatir al crimen, le sigue una reforma integral del Poder Judicial”; lo que confirma la salud pública de otra institución nacional, que es nada menos que uno de los tres poderes republicanos.
Connivencia, corrupción, urgente reforma integral del Poder Judicial, deserciones militares (cifra oficial), instituciones, estado de derecho, pacto para cumplir con la ley, Zetas, Operación Mérida.
Dice también la funcionaria de Naciones Unidas: “Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado – violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos – que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por los militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Con razón fallaron los bolígrafos.
La doctora Arbour, dama educada y valiente de sólida trayectoria, que ya fue Presidenta de la Corte Suprema de Justicia en Canadá, su patria, ha venido a México con voz comedida, pero firme. Lo cortés no le ha quitado lo valiente. Ha dicho que en México hay impunidad; que el sistema de justicia no protege a las mujeres; que la nueva ley en materia de justicia penal viola los derechos humanos; que ” la participación de militares en tareas policiales no es apropiado en el largo plazo e incluso podría ser peligroso, ya que los soldados son entrenados para el uso excesivo de la fuerza”.
Louise Arbour ha puesto en estos días en México el dedo en la llaga en un tema de extrema importancia. Ha dicho a la letra: “Estoy preocupada por esta situación de la criminalización de la protesta social: se lo señalaré al gobierno, porque una democracia siempre debe proteger los derechos de las minorías, de los sectores más desprotegidos, de los marginados y discriminados”.
Cuando vemos en México acontecimientos recientes, como la represión en Oaxaca, las violaciones policíacas en San Salvador Atenco, el trato a los altermundistas en Guadalajara, la ocupación militar en Tamaulipas y Michoacán, la impunidad de las brutalidades de los grupos paramilitares en Chiapas; cuando vemos que la mortalidad infantil en México es cuatro veces la de Cuba; mientras andamos empeñados en penalizar el aborto; y vemos también disminuir más y más la cobertura de la seguridad social en todo el país; que el campo en México sobrevive gracias a los sufrimientos, y aun humillaciones, de millones de compatriotas desterrados, por el ineficaz manejo de nuestra economía, no tenemos más que reconocer y admirar a esta mujer comedida pero claridosa que le recuerda al poder público sus graves abandonos de los derechos de las personas.
Pero además, está la contumacia. En clara respuesta a las declaraciones de la Alta Comisionada, el coordinador panista en el Senado de la República, Santiago Creel Miranda sostiene que “se hace necesaria” la participación del Ejército. La razón aducida por el senador Creel es verdaderamente conmovedora: “El grado de desmantelamiento – dice – que han tenido las policías municipales y estatales, la corrupción y su connivencia con la delincuencia organizada hace necesaria su participación; aunque, eventualmente se tendrá que transitar a un régimen totalmente civil, pero ese tránsito debe presentarse cuando se puedan recomponer y reordenar las policías estatales y municipales”.
O sea, no hay de quién fiarse. No hay institución que quede sana en México; “eventualmente” se podrá civilizar la militarización de la vida nacional. Vivan las instituciones.
Pero no creamos que es una ocurrencia personal del senador Creel. Felipe Calderón comparte, al parecer, esta misma visión: la tarea civilizadora de la militarización de la vida nacional. Si el senador dice que la reforma judicial “brindará más elementos al Ejecutivo para combatir al crimen, le sigue una reforma integral del Poder Judicial”; lo que confirma la salud pública de otra institución nacional, que es nada menos que uno de los tres poderes republicanos.
Connivencia, corrupción, urgente reforma integral del Poder Judicial, deserciones militares (cifra oficial), instituciones, estado de derecho, pacto para cumplir con la ley, Zetas, Operación Mérida.
Dice también la funcionaria de Naciones Unidas: “Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado – violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos – que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por los militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Con razón fallaron los bolígrafos.
Esteban Garaiz.
