NUEVO CORPORATIVISMO
11-12-07
Nadie tiene el derecho de expresarse políticamente a nombre de otro. De manera específica, ya conocemos la larga historia, hoy en camino de superación, de los líderes gremiales comprometiendo el voto de sus agremiados por millones. Ahora está claramente, expresamente prohibido por la ley. Este era uno de los puntos irritantes del “viejo régimen” que obstaculizaba severamente el avance de la democracia en México.
Y hete aquí que ahora que va quedando atrás el viejo corporativismo de las masas trabajadoras de campesinos, obreros y otros asalariados, está aflorando abiertamente a la luz pública – aunque siempre existió - el corporativismo empresarial; y lo hace sin el menor pudor.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha interpuesto ahora, el 5 de diciembre, un juicio de amparo contra la reforma electoral en el nivel constitucional publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. En esta nueva disposición, como se sabe, queda prohibida totalmente la contratación comercial de promocionales de televisión y radio para campañas políticas. Dicho de otro modo se prohibe el sesgo del dinero en la decisión política de los ciudadanos mexicanos. Como ocurre en las democracias más avanzadas del mundo.
Pues contra eso se pretende amparar ahora el ciudadano Armando Paredes Arroyo, Presidente del CCE. No sólo a nombre propio, sino a nombre de todo sus agremiados los empresarios, y de paso a nombre de todos los ciudadanos del país, que, como se sabe, están ansiosos de que les llenen la pantalla de su casa de porquería, hablando mal de los otros por aquellos candidatos que no tienen nada convincente que ofrecer a la ciudadanía, más que mentiras, como ocurrió el año pasado.
Dice el ciudadano Armando Paredes Arroyo que la nueva disposición “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación”, cuando todo el mundo sabe que todas las garantías individuales plasmadas en la Constitución tienen – deben de tener – un límite que esencialmente consiste en el respeto a las garantías de los demás. En concreto: el derecho que tenemos todos a una contienda electoral limpia y equitativa sin sesgos provocados por el dinero. Es una vez más la lucha del dinero contra la democracia. Plutocracia contra democracia.
Las garantías individuales consagradas en la Constitución desde 1857 son eso: garantías individuales, como su nombre lo indica. Los corporativos no tiene garantías establecidas en la Constitución.
Reclama el ciudadano Armando Paredes Arroyo que “se escuche nuestra voz”. Por supuesto que su voz debe ser escuchada, pero la de cada ciudadano o conjunto de ciudadanos, “los abajo firmantes”, no la voz de un corporativo gremial hablando indebidamente a través de la voz de su dirigente en defensa de sus intereses gremiales que, como en este caso, pretenden cambiar la ley en contra del interés colectivo nacional.
En los años de 1975, en el esplendor del corporativismo, la Confederación Nacional Ganadera, órgano gremial de los dueños de ranchos ganaderos, tenía su pudor jurídico: en el mismo domicilio, o anexo en el mismo piso, existía la Agrupación Política Nacional Ganadera afiliada a la CNOP e indirectamente al PRI. Hoy la ley prohibe la afiliación corporativa a un partido político. No resulta aceptable regresar a los viejos tiempos.
No imitemos a la democracia más arcaica y obsoleta (a nivel federal) donde vota el dinero y no los ciudadanos; plutocracia en vez de democracia.
Y hete aquí que ahora que va quedando atrás el viejo corporativismo de las masas trabajadoras de campesinos, obreros y otros asalariados, está aflorando abiertamente a la luz pública – aunque siempre existió - el corporativismo empresarial; y lo hace sin el menor pudor.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha interpuesto ahora, el 5 de diciembre, un juicio de amparo contra la reforma electoral en el nivel constitucional publicada el pasado 13 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación. En esta nueva disposición, como se sabe, queda prohibida totalmente la contratación comercial de promocionales de televisión y radio para campañas políticas. Dicho de otro modo se prohibe el sesgo del dinero en la decisión política de los ciudadanos mexicanos. Como ocurre en las democracias más avanzadas del mundo.
Pues contra eso se pretende amparar ahora el ciudadano Armando Paredes Arroyo, Presidente del CCE. No sólo a nombre propio, sino a nombre de todo sus agremiados los empresarios, y de paso a nombre de todos los ciudadanos del país, que, como se sabe, están ansiosos de que les llenen la pantalla de su casa de porquería, hablando mal de los otros por aquellos candidatos que no tienen nada convincente que ofrecer a la ciudadanía, más que mentiras, como ocurrió el año pasado.
Dice el ciudadano Armando Paredes Arroyo que la nueva disposición “atenta contra las garantías de libertad de expresión y asociación”, cuando todo el mundo sabe que todas las garantías individuales plasmadas en la Constitución tienen – deben de tener – un límite que esencialmente consiste en el respeto a las garantías de los demás. En concreto: el derecho que tenemos todos a una contienda electoral limpia y equitativa sin sesgos provocados por el dinero. Es una vez más la lucha del dinero contra la democracia. Plutocracia contra democracia.
Las garantías individuales consagradas en la Constitución desde 1857 son eso: garantías individuales, como su nombre lo indica. Los corporativos no tiene garantías establecidas en la Constitución.
Reclama el ciudadano Armando Paredes Arroyo que “se escuche nuestra voz”. Por supuesto que su voz debe ser escuchada, pero la de cada ciudadano o conjunto de ciudadanos, “los abajo firmantes”, no la voz de un corporativo gremial hablando indebidamente a través de la voz de su dirigente en defensa de sus intereses gremiales que, como en este caso, pretenden cambiar la ley en contra del interés colectivo nacional.
En los años de 1975, en el esplendor del corporativismo, la Confederación Nacional Ganadera, órgano gremial de los dueños de ranchos ganaderos, tenía su pudor jurídico: en el mismo domicilio, o anexo en el mismo piso, existía la Agrupación Política Nacional Ganadera afiliada a la CNOP e indirectamente al PRI. Hoy la ley prohibe la afiliación corporativa a un partido político. No resulta aceptable regresar a los viejos tiempos.
No imitemos a la democracia más arcaica y obsoleta (a nivel federal) donde vota el dinero y no los ciudadanos; plutocracia en vez de democracia.
Esteban Garaiz
