MENSAJE AL CONSEJO LOCAL DEL IFE
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Guadalajara, Jalisco a 31 de agosto de 2006
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Estamos casi concluyendo este azaroso proceso electoral federal que ha dejado al descubierto las profundas diferencias sociales que aquejan desde su origen mestizo a la Nación mexicana y que no hemos sido capaces de superar todavía. Las campañas también han exacerbado y enconado esas diferencias.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por concluir su labor constitucional y, en consecuencia, por declarar legalmente cuál ha sido el sufragio efectivo emitido por los ciudadanos el 2 de julio.
Todos sabemos que no fue una campaña limpia ni equitativa. Todos sabemos también que la jornada electoral, encomendada esencialmente a los propios ciudadanos, transcurrió en paz y en buenas manos, salvo las excepciones que haya encontrado el Tribunal.
Vendrá pronto la renovación de los Poderes republicanos y la Nación deberá continuar su marcha hacia la armonía social. Es el momento de recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos distancia. Que nuestra representación en el Poder Legislativo Federal corresponde proporcionalmente a la real pluralidad política de los ciudadanos; y que esa representación está obligada, porque esa es la esencia de la política sana, a encontrar y plasmar jurídicamente nuestros grandes consensos nacionales.
Todos estamos conscientes de que, frente a los nuevos tiempos, resultan urgentes e impostergables reformas importantes a nuestra organización política, social y económica. Pero no llevarán a buen término propuestas e iniciativas arrogantes presentadas desde poderes factuales. No es por la vía de comprar dedos legislativos para construir mayorías artificiales, porque están desvinculadas de su representación ciudadana, como vamos a lograr el avance social que requiere nuestro país.
Leer el llamado de las urnas va a significar una tarea política mucho más difícil, pero absolutamente necesaria: la de dialogar, buscar y encontrar los consensos entre el grupo en el gobierno y la oposición legislativa en el marco de nuestros grandes valores nacionales.
Existen estos grandes valores nacionales. Son nuestra gran riqueza social, que ya quisieran muchas otras naciones del planeta. La Nación mexicana rebasa el estado mexicano. Nuestra cohesión nacional no debe ser puesta en riesgo. Valores como el del respeto esencial a la persona humana; la soberanía del pueblo que asciende federadamente hasta constituir el estado-nación; la lucha por la justicia; la preservación del patrimonio nacional de los recursos naturales ; el esfuerzo para lograr la igualdad de oportunidades desde la minoría de edad; la necesidad para ello de una educación pública de calidad para todos sin exclusiones y de una atención igualmente pública de la nutrición y de la salud, privilegiando grupos rezagados para reducir desigualdades regionales y étnicas en la mortalidad infantil y materna; la lucha por la preeminencia del bienestar colectivo; la urgencia por lograr mínimos decorosos de ingreso familiar; la necesidad de dirimir nuestras naturales diferencias por la vía pacífica y legal; la determinación de no permitir interferencias extranjeras en nuestros asuntos propios.
Igualmente la igualdad jurídica al margen de género, etnia, color o religión; el derecho a la emisión del libre sufragio bien contado; el derecho de huelga y de libre representación sindical; el reclamo por la seguridad y protección pública para nuestra vidas, nuestras familias y patrimonio; la libertad de expresión y manifestación y el derecho a la información no sesgada; la libertad de creencia y el estado laico, al igual que la educación pública; y en general todas las garantías individuales y sociales son valores de nuestra gran riqueza social, que no podemos dilapidar por hacer prevalecer intereses particulares. Todos los que ahora llegan a la representación legislativa incluyeron estos valores en sus plataformas electorales respectivas.
Hace tiempo que nuestra concepción de democracia ha dejado atrás la primitiva imposición de las mayorías; la verdadera democracia, la democracia de las sociedades maduras, sólo se basa en el esfuerzo de los consensos amplios; la decisión mecánicamente mayoritaria debe ser adoptada sólo por excepción y demostrará ineficacia política; para decirlo bíblicamente será “por la dureza de vuestros corazones”.
Por supuesto, los próximos años deben llevar sin dilación a plasmar jurídicamente lo que ya es no sólo un claro consenso sino un fuerte reclamo social: la reforma electoral que enfrente los nuevos tiempos. El enorme vacío jurídico de las precampañas que todavía el Código ve como procesos internos entre militantes, lo que retrasa la atribución de fiscalizar que tiene el IFE hasta el día siguiente al del registro de los candidatos.
Del mismo modo la reglamentación y acotamiento en tiempo y dinero, público y privado, de las campañas. No se puede impunemente repetir el bochornoso espectáculo de las campañas sucias de este proceso que concluye. Se requiere sanciones severas para la intromisión extranjera en nuestra vida política nacional. También, y hay que decirlo francamente, será necesario eliminar de manera expresa las interferencias del Ejecutivo Federal frente a candidatos o plataformas electorales, que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad electoral. Así como deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas.
Es de todos conocido y aceptado que ya no son los tiempos en que se requerían largos meses para recorrer las comunidades rurales en las campañas presidenciales. Hoy el acceso amplio a los medios electrónicos de comunicación y la acelerada urbanización del país recomiendan con fuerza el acortamiento de las campañas.
No se puede soslayar tampoco el reciente surgimiento de una serie de perversiones en nuestra joven y frágil democracia, evidente imitación e importación de los más viejos, obsoletos y anacrónicos sistemas electorales, como si se tratara de prácticas normales y convenientes. Me refiero al marketing político, como si los proyectos nacionales fueran una mercancía, cuando en realidad tuerce la información necesaria para la emisión del voto. Me refiero al cabildeo, que pretende, y logra a veces, inclinar las decisiones legislativas a favor de grupos particulares haciendo que haya votos que pesen más que otros: y no falta quien vea esta grave perversión como si fuera una práctica normal y saludable de los regímenes democráticos.
Me refiero igualmente a esta perniciosa moda reciente de importar extranjeros profesionales de las campañas sucias, práctica claramente violatoria de nuestra Constitución y sobre lo que urge legislar con severas sanciones políticas, no sólo económicas. También hago mención de ese afán por querer eliminar la representatividad proporcional de nuestros órganos legislativos, con torpe imitación de sistemas electorales arcaicos.
Y finalmente esa pretensión de ver como natural el abstencionismo electoral y el desaliento por la participación política de los ciudadanos, con la soterrada intención de poder manejar en corto el poder público, no precisamente a favor de las mayorías nacionales.
Todo esto queda por delante. La labor política no puede limitarse a las tareas electorales; requiere continuidad en la acción. La democracia del voto, exclusivamente, es como la caridad de la limosna: mocha y superficial. La verdadera democracia requiere de una continua participación política, es decir la capacidad de que el pueblo organizado influya en las decisiones públicas que afectan su vida.
Concluye un ciclo. Inicia otro. Debemos confiar en la sabiduría del pueblo, en el sentido común.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está por concluir su labor constitucional y, en consecuencia, por declarar legalmente cuál ha sido el sufragio efectivo emitido por los ciudadanos el 2 de julio.
Todos sabemos que no fue una campaña limpia ni equitativa. Todos sabemos también que la jornada electoral, encomendada esencialmente a los propios ciudadanos, transcurrió en paz y en buenas manos, salvo las excepciones que haya encontrado el Tribunal.
Vendrá pronto la renovación de los Poderes republicanos y la Nación deberá continuar su marcha hacia la armonía social. Es el momento de recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos distancia. Que nuestra representación en el Poder Legislativo Federal corresponde proporcionalmente a la real pluralidad política de los ciudadanos; y que esa representación está obligada, porque esa es la esencia de la política sana, a encontrar y plasmar jurídicamente nuestros grandes consensos nacionales.
Todos estamos conscientes de que, frente a los nuevos tiempos, resultan urgentes e impostergables reformas importantes a nuestra organización política, social y económica. Pero no llevarán a buen término propuestas e iniciativas arrogantes presentadas desde poderes factuales. No es por la vía de comprar dedos legislativos para construir mayorías artificiales, porque están desvinculadas de su representación ciudadana, como vamos a lograr el avance social que requiere nuestro país.
Leer el llamado de las urnas va a significar una tarea política mucho más difícil, pero absolutamente necesaria: la de dialogar, buscar y encontrar los consensos entre el grupo en el gobierno y la oposición legislativa en el marco de nuestros grandes valores nacionales.
Existen estos grandes valores nacionales. Son nuestra gran riqueza social, que ya quisieran muchas otras naciones del planeta. La Nación mexicana rebasa el estado mexicano. Nuestra cohesión nacional no debe ser puesta en riesgo. Valores como el del respeto esencial a la persona humana; la soberanía del pueblo que asciende federadamente hasta constituir el estado-nación; la lucha por la justicia; la preservación del patrimonio nacional de los recursos naturales ; el esfuerzo para lograr la igualdad de oportunidades desde la minoría de edad; la necesidad para ello de una educación pública de calidad para todos sin exclusiones y de una atención igualmente pública de la nutrición y de la salud, privilegiando grupos rezagados para reducir desigualdades regionales y étnicas en la mortalidad infantil y materna; la lucha por la preeminencia del bienestar colectivo; la urgencia por lograr mínimos decorosos de ingreso familiar; la necesidad de dirimir nuestras naturales diferencias por la vía pacífica y legal; la determinación de no permitir interferencias extranjeras en nuestros asuntos propios.
Igualmente la igualdad jurídica al margen de género, etnia, color o religión; el derecho a la emisión del libre sufragio bien contado; el derecho de huelga y de libre representación sindical; el reclamo por la seguridad y protección pública para nuestra vidas, nuestras familias y patrimonio; la libertad de expresión y manifestación y el derecho a la información no sesgada; la libertad de creencia y el estado laico, al igual que la educación pública; y en general todas las garantías individuales y sociales son valores de nuestra gran riqueza social, que no podemos dilapidar por hacer prevalecer intereses particulares. Todos los que ahora llegan a la representación legislativa incluyeron estos valores en sus plataformas electorales respectivas.
Hace tiempo que nuestra concepción de democracia ha dejado atrás la primitiva imposición de las mayorías; la verdadera democracia, la democracia de las sociedades maduras, sólo se basa en el esfuerzo de los consensos amplios; la decisión mecánicamente mayoritaria debe ser adoptada sólo por excepción y demostrará ineficacia política; para decirlo bíblicamente será “por la dureza de vuestros corazones”.
Por supuesto, los próximos años deben llevar sin dilación a plasmar jurídicamente lo que ya es no sólo un claro consenso sino un fuerte reclamo social: la reforma electoral que enfrente los nuevos tiempos. El enorme vacío jurídico de las precampañas que todavía el Código ve como procesos internos entre militantes, lo que retrasa la atribución de fiscalizar que tiene el IFE hasta el día siguiente al del registro de los candidatos.
Del mismo modo la reglamentación y acotamiento en tiempo y dinero, público y privado, de las campañas. No se puede impunemente repetir el bochornoso espectáculo de las campañas sucias de este proceso que concluye. Se requiere sanciones severas para la intromisión extranjera en nuestra vida política nacional. También, y hay que decirlo francamente, será necesario eliminar de manera expresa las interferencias del Ejecutivo Federal frente a candidatos o plataformas electorales, que con toda claridad sesgan las condiciones de equidad electoral. Así como deben establecerse sanciones claras y severas a la interferencia electoral de empresas o de organismos empresariales en las campañas.
Es de todos conocido y aceptado que ya no son los tiempos en que se requerían largos meses para recorrer las comunidades rurales en las campañas presidenciales. Hoy el acceso amplio a los medios electrónicos de comunicación y la acelerada urbanización del país recomiendan con fuerza el acortamiento de las campañas.
No se puede soslayar tampoco el reciente surgimiento de una serie de perversiones en nuestra joven y frágil democracia, evidente imitación e importación de los más viejos, obsoletos y anacrónicos sistemas electorales, como si se tratara de prácticas normales y convenientes. Me refiero al marketing político, como si los proyectos nacionales fueran una mercancía, cuando en realidad tuerce la información necesaria para la emisión del voto. Me refiero al cabildeo, que pretende, y logra a veces, inclinar las decisiones legislativas a favor de grupos particulares haciendo que haya votos que pesen más que otros: y no falta quien vea esta grave perversión como si fuera una práctica normal y saludable de los regímenes democráticos.
Me refiero igualmente a esta perniciosa moda reciente de importar extranjeros profesionales de las campañas sucias, práctica claramente violatoria de nuestra Constitución y sobre lo que urge legislar con severas sanciones políticas, no sólo económicas. También hago mención de ese afán por querer eliminar la representatividad proporcional de nuestros órganos legislativos, con torpe imitación de sistemas electorales arcaicos.
Y finalmente esa pretensión de ver como natural el abstencionismo electoral y el desaliento por la participación política de los ciudadanos, con la soterrada intención de poder manejar en corto el poder público, no precisamente a favor de las mayorías nacionales.
Todo esto queda por delante. La labor política no puede limitarse a las tareas electorales; requiere continuidad en la acción. La democracia del voto, exclusivamente, es como la caridad de la limosna: mocha y superficial. La verdadera democracia requiere de una continua participación política, es decir la capacidad de que el pueblo organizado influya en las decisiones públicas que afectan su vida.
Concluye un ciclo. Inicia otro. Debemos confiar en la sabiduría del pueblo, en el sentido común.
Esteban Garaiz
