INICIATIVA MÉRIDA:
DIPLOMACIA EN LO OSCURITO.

25 de Octubre de 2007

Hay que empezar por una verdad de Perogrullo: toda relación del Estado mexicano con otros países o con cualquier organismo internacional es una relación exterior. Verdad tan elemental parece que no le queda clara a doña Patricia Espinosa la Secretaria del Relaciones Exteriores, colaboradora directa del titular del Poder Ejecutivo Federal.

Porque también ocurre que la Constitución Política, que es la base y tronco de todo nuestro estado de derecho (que tanto cacarean nuestros funcionarios), dice expresamente en su artículo 76 que es facultad exclusiva del Senado de la República “analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal” y además “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión”.

No es aceptable en una verdadera república con real equilibrio de los poderes republicanos que los senadores mexicanos se enteren por notas periodísticas de fuentes secundarias del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América acerca del “plan de ayuda” para la llamada “Iniciativa Mérida”, allí sí presentada al Congreso de los Estados Unidos por su presidente. No puede ser normal ni saludable que la Secretaria Espinosa –mi colega- haya orillado al senador Ricardo Monreal a que le ruegue “por el amor de Dios” que le permita el acceso a una copia del documento, que es según ella un simple “acuerdo de voluntades” o “declaración de intenciones mutua” entre dos soberanías.

Nadie pretende hacer menos un asunto de tanta trascendencia, como es el combate al narcotráfico, que sin duda afecta, no por igual, a ambas colectividades nacionales. Precisamente por eso. Es poco serio, y además claramente sofístico, que la señora Espinosa diga que no se trata de un tratado internacional o de una convención diplomática, como dando a entender que el asunto no es de la incumbencia del Senado mexicano. Andamos mal en cultura republicana.

Del otro lado lo tienen muy claro. Dice el Departamento de Estado, que es la dependencia federal estadounidense para sus relaciones exteriores, que la aprobación del plan de ayuda antinarco a México “es vital”, se entiende que para ellos. Dicho de otro modo, se trata de ayudarnos a que les ayudemos a que no se les cuele tanta droga como su gente demanda con desesperación.

Díganme ustedes si éste no es un asunto que involucra seriamente nuestras relaciones exteriores, que establece muy graves e ineludibles compromisos mutuos, como para que sean del conocimiento y análisis previo, subrayo: previo, y detallado por parte del Senado de la República.

Insisto: del otro lado el Presidente George W. Bush sí presentó el lunes 22 de octubre oficialmente un plan de ayuda antinarco para México, pidiendo de inicio una partida de 500 millones de dólares para 2008. Más aun: en el considerando se afirma que “ la violencia creciente y la impunidad arriesgan las instituciones democráticas y afectan el crecimiento económico de nuestros vecinos más cercanos”, o sea nosotros los mexicanos.
No se necesita ser un perspicaz analista para darse cuenta que el señor Bush está hablando de nuestra convivencia interna nacional; o si quieren, lo digo de otro modo: de nuestra soberanía.

Evidentemente el tema central no es el del presupuesto. El embajador Sarukhan representante de México ante el gobierno de Washington, ha dado a entender que las erogaciones mexicanas, ya comprometidas en privado, para no decir en lo obscurito, saldrán de las partidas presupuestales ordinarias, eventualmente autorizadas por el Congreso para los próximos años. Allí sí se ventila, y desde ahora, en la instancia federal del caso y se somete previamente a su aprobación. Del lado nuestro es decisión unilateral y sin ninguna transparencia. Nada le costará a algún vocero del Ejecutivo decir que, por supuesto, dicho gasto estará sujeto a la aprobación, en su caso, del Poder Legislativo.

Mientras tanto, la solicitud formal de Bush a su Congreso dice textualmente que “ una débil seguridad fronteriza, un débil estado de derecho ( ¿ nos sabrá algo? ) y fuertes redes transnacionales de crimen aumentan el riego de terrorismo”.

Otra vez la mula al trigo. Por ello esta “iniciativa”, que ingenuamente pretende la Secretaria Espinosa sustraer a la consideración del Senado de la República, tiene una importancia muy superior a cientos de tratados internacionales rutinariamente presentados a la ratificación senatorial.; e incluso representa vinculaciones trascendentes, que afectan crecientemente nuestra soberanía nacional. Entre todos tenemos que ser muy conscientes de que esto está ocurriendo crecientemente e incluso aceleradamente.

Nosotros no hemos invadido a nadie. Desde Filisola en 1822 cuando el Imperio mexicano se creía superior a cualquiera y con ínfulas para imponer su voluntad a los centroamericanos. El terrorismo no es nuestra prioridad nacional. Tenemos 50 millones de pobres.

Esteban Garaiz.

PARTIDOS EN ESTADO DE INDEFENSIÓN

20-mayo-2007

En estos tiempos inquietos se habla mucho de partidocracia. Personalmente he llegado a la conclusión radicalmente contraria. Cuando vemos y oímos que todos los partidos sólo reportaron al IFE una parte de su enorme, desproporcionado gasto de campaña, mayoritariamente orientado a los medios masivos de comunicación, y que el Consejo General del IFE reconoce lo que todos sabíamos: que no ha habido, ni habrá, colaboración de parte de las dos televisoras nacionales, a pesar de haber firmado convenio escrito, para contar con información real acerca del gasto auténtico, superior a 1,300 millones de pesos, realizado en las campañas por los partidos; la conclusión natural es que las dirigencias partidarias no tienen el menor interés en cumplir con la ley, y mucho menos de modificarla para que los procesos electorales sean sustento de verdadera democracia. Los ciudadanos somos rehenes de los partidos políticos: ésa es la conclusión. Ni siquiera dejar de votar resolvería el problema, porque con ello sólo daríamos carta blanca para que otros resuelvan por nosotros, legalmente.
Pero la “spotcracia”, como la ha llamado René Delgado, nos conduce a otra reflexión. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, sigue sosteniendo ingenuamente que las campañas comienzan al día siguiente del registro oficial de los candidatos por parte de los partidos. Una vez más la realidad deja rezagada a la ley.
Las precampañas han dejado de ser los procesos internos de selección de candidatos entre los militantes de cada partido y se han vuelto, desde hace 10 años, procesos abiertos de “fijación de imagen” con profusión de promocionales dirigidos a todo el mundo, en las grandes avenidas , en la radio, en la televisión, imponiendo, por la vía del dinero abundante, los candidatos a los partidos políticos. Dinero privado de origen oscuro. Dinero privado que deja sin efecto el propósito de entregar a los partidos poíiticos dinero público, de nosotros los contribuyentes, para evitar el sesgo del dinero privado. Hoy todos los partidos sufren el riesgo, muchas veces cumplido, de la penetración corporativa. Spotcracia es, en realidad, plutocracia.

PEDERASTIA: EL NUEVO MAL SOCIAL.

19 de Octubre de 2007

A decir verdad, no es para nada nuevo. Así lo ha venido descubriendo Angélica Aragón, gran actriz “apegada a la fe”, que con todo entusiasmo ha dirigido por estos días la obra teatral Por Razones Oscuras del norteamericano Mart Crowley. Terrible mal practicado por siglos, pero que ahora ha puesto en estado de alerta a la sociedad pensante al percibir lo profundo de sus raíces y lo devastador de sus consecuencias en las vidas de las numerosas víctimas, muchas más de lo que se imaginaba, a medida que la apertura social nos permite ver que los gazapos saltan por todas partes

Para no ir más lejos, con motivo del caso judicial ventilado en la Corte Superior de California sobre las posibles responsabilidades de los cardenales Norberto Rivera y Roger Mahony en la fuga del cura pederasta Nicolás Aguilar, nos venimos enterando por la prensa que el arzobispado de Guadalajara tiene en el oriente de la zona metropolitana una “ clínica de rehabilitación” de curas pederastas.

No es casualidad que este terrible mal se siga ventilando ahora cuando también diversos grupos cívicos, cada día más numerosos, y las propias autoridades civiles, en diversos niveles y latitudes, están prestando seria atención y pretendiendo poner remedio a otro grave mal social hasta ahora mal atendido: la violencia intrafamiliar, porque comparte con la pederastia la característica de su actuar oculto. Y es que, si lo vemos con atención, el abuso sexual a menores es un modo o especie de violencia intrafamiliar. Y resulta más execrable cuando se da el agravante de que el depredador es, casi siempre alguien que tiene “autoridad” o ascendiente sobre la víctima: familiar, maestro, sacerdote, médico o psicólogo.

Grupos católicos se han venido cuestionando de manera creciente si el celibato sacerdotal, aunado a la formación en grupos unisexuales, no resulta ser un caldo de cultivo que propicia el abuso sexual. Pero es importante hacer notar que, por un lado, el horrendo fenómeno de ninguna manera es privativo de los seminarios o colegios católicos. Por el otro, se dé dondequiera que se dé, es a todas luces un problema social y que atañe a toda la sociedad en general.

Una parte de los gazapos se ha hecho pública precisamente al conocerse la red criminal internacional, vinculada a través de Internet, valientemente denunciada por la periodista Lydia Cacho en su libro Los Demonios del Edén . Por cierto , la historia de Jean Succar Kuri, Kamel Nacif, el “gober precioso” Mario Marín y sus hermosas botellas, todavía no concluye; pero está consumiendo los días de una periodista valiente. Y al mismo tiempo está generando conciencia sobre la gravedad del asunto entre los ciudadanos que piensan en los problemas de la convivencia de todos.

Hablando de periodistas valientes hay que quitarse el sombreo también delante de Sanjuana Martínez, regiomontana californiana que está presentando en estos días su documentado libro Manto Púrpura: Pederastia clerical en tiempo del cardenal Norberto Rivera, editado por Grijalbo.

Sanjuana ha contado con el seguimiento y respaldo de otra gloria nacional del periodismo: Carmen Aristegui, quien también ha venido haciendo puntual descripción de la lucha desigual de las víctimas de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. De manera significada a partir del momento en que al padre Alberto Athié le tocó atender en el lecho de muerte al exlegionario José Manuel Fernández Amenábar, a quien convenció del perdón a cambio de la promesa de justicia. Ya es sabido que Athié fracasó en su intento de convencer al entonces cardenal Ratzinger de que se iniciara el proceso canónico sobre la conducta de Marcial Maciel.

Alberto Athié, decepcionado de la jerarquía, abandonó el sacerdocio, pero no la jurada lucha por la justicia en este caso. El Vaticano confinó a Marcial Maciel “a oración y penitencia” en su pueblo natal Cotija, sin haber sentenciado según el derecho canónico.

El abuso sexual sigue corroyendo los cuadros clericales católicos. Las diócesis de Boston y California están quebradas en sus finanzas, y en la confianza de sus fieles, por tantas indemnizaciones cubiertas a las víctimas de sacerdotes pederastas en “arreglos extrajudiciales”. La red de sobrevivientes de Abuso Sexual (SNAP) sigue su lucha en California y en México.

Queda un asunto perturbador: Joaquín Aguilar, víctima del sacerdote Nicolás Aguilar y que no logró convencer al juez californiano de su jurisdicción sobre el caso, declara a Carmen Aristegui que “México no está preparado para hacer justicia” en este tema del abuso sexual a menores.

Esteban Garaiz

EL GRAN PENDIENTE

16 de octubre de 2007


Muchos y severos pendientes tiene todavía nuestra convivencia nacional: la corrupción corroe no sólo nuestras instituciones sino toda nuestra vida ordinaria; la procuración de justicia es un absoluto desastre y la impartición de la misma justicia es venal, engorrosa y desesperantemente lenta; las instituciones de seguridad social están quebradas, escasean hasta las medicinas, no aumenta la cobertura real y sigue sin resolverse el problema de las pensiones; la mortalidad infantil continúa inexplicable e inaceptablemente; la educación pública mediocre o peor; el narco empapa nuestras instituciones y nuestra vida ordinaria; millones de familias sobreviven en viviendas irregulares asentadas en zonas de riesgo; los ingresos familiares se achican y desinflan por decenios y reducen, en vez de ampliar, el mercado interno que nos haga crecer ; la investigación científica y tecnológica, que era orgullo del Instituto Mexicano del Petróleo, del de Investigaciones Eléctricas, del Poli; la UNAM y otros, cada día con menos recursos para su esfuerzo; y así podríamos seguir por largos etcéteras.
Pero hay un pendiente de origen y raíz que es en realidad nuestra malformación congénita: la conquista con despojo y la independencia sin desconquista.
Cada año, en octubre, se recrudece la antigua polarización. No es un tema meramente ideológico de enfoque intelectual. Es un asunto vivencial, anímico, con agravios reales, históricos y presentes en la carne.
Mientras unos, cada día menos, siguen festejando el Día de la Raza, la Hispanidad, la lengua, la religión y la civilización, para otros la conmemoración representa agravio, dolor, despojo, injusticia, genocidio material y cultural; y también rebeldía.
Hay más de 10 millones de indígenas en nuestra Nación; indígenas hablantes, sin hacer mención de su aportación genética y cultural a nuestra nacionalidad mestiza. Esos mexicanos naturales, originarios, son, en lo general, los más marginados. Porque la marginación económica, social, educativa, sanitaria, de comunicaciones y de oportunidades comienza por la marginación geográfica.
Voy a parafrasear: cuando llegaron los invasores, ellos poseían el evangelio y los naturales poseían la tierra. Cincuenta años después la situación se había alrevesado: los naturales poseían el evangelio y tenían garantizado el cielo; y los invasores poseían la tierra; y pusieron a los indios a trabajársela; los más rebeldes fueron orillados a las montañas estériles y a los pantanos del trópico.
Trescientos años después llegó la insurgencia: se quería abolir la esclavitud, los tributos asfixiantes y, todavía peor, se quería recuperar la tierra. Los potentados y jerarcas de la Iglesia inventaron en el complot del templo de la Profesa la Independencia Trigarante. Las tierras siguieron en manos de los descendientes de los peninsulares expulsados.
La Nación reventó en 1906, 1910 y 1913 y consolidó sus nuevas instituciones en 1917. Una larga, engorrosa, desigual y chapucera reforma agraria devolvió tierra y libertad a los peones e incorporó a la vida nacional a la mitad de su prole. Los indígenas siguen hoy todavía acosados en su vida, sus escasas tierras y sus recursos naturales de superficie ( porque nadie ha puesto en discusión la propiedad originaria de la Nación sobre el subsuelo). Pregúntenle al gobernador Bours, a Ulises Ruiz y Juan Sabines.
De los Acuerdos de San Andrés ni hablamos. Ahora el Gobierno Federal acaba de firmar la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que incluye expresamente el respeto a sus territorios y a sus recursos naturales. A ver si ahora el Poder Legislativo deja de escurrirse e incorpora entre los derechos indígenas el que era y sigue siendo el tema central, de Emiliano Zapata, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los Acuerdos de San Andrés y de todas las comunidades indígenas: la tierra y sus mermados recursos.
La reunión de estos días en Vícam, Sonora, en la acosada tierra yaqui, es una nueva perspectiva para la toma de conciencia de los indígenas y de toda la Nación.

Esteban Garaiz


(Para el periodico Público)

GOBERNABILIDAD Y REFORMA DE ESTADO

(Publicado el 15/10/07 en el periodico Público en Guadalajara, Jal.)

Es evidente que en una sociedad que se quiere democrática, la gobernabilidad, es decir la satisfacción de los gobernados, se debe sustentar en la conformidad socioeconómica y en la conformidad política.

A pesar de las notorias limitaciones políticas del antiguo régimen priísta, esta sociedad resultaba gobernable en lo general gracias, entre otros factores, a un crecimiento económico sostenido por décadas – que ya quisiéramos recuperar – y a una importante capilaridad social, producto principalmente de la educación pública gratuita a todo nivel, capilaridad social que pudo reducir la pobreza del 90 por ciento de la población en 1910 a la mitad en el año 1982.

Mucho más se hubiera podido lograr de haber controlado la galopante corrupción, producto precisamente del poder casi absoluto de un solo partido en el gobierno.

La Revolución Mexicana dejó su tarea a medias; y la desviación notoria de los últimos 25 años, dejando atrás la orientación “bonapartista” (alianza de clases) en términos marxistas, para ir en pos de las políticas llamadas neoliberales, impuestas por los centros internacionales de poder, ha sido la causa central del conflicto social, en el que vivimos, con múltiples facetas y manifestaciones preocupantes. No es tan alarmista que algunos prevean en el corto plazo severos enfrentamientos sociales.

Pero, para no seguir invadiendo el tema asignado a Miguel, me voy a centrar en los aspectos políticos de la gobernabilidad. Aunque primero, no resisto la tentación de mencionar que el Subsecretario Miguel Szekely Pardo acaba de declarar que el rezago en educación media superior será superado en el 2012, ya que anualmente se requieren 120,000 espacios para estudiantes; y que, aunque la ley obliga, el 60% de los niños en edad preescolar no tendrán cupo el próximo año escolar.

En un país con estructura democrática electoral representativa, como es formalmente el nuestro, la gobernabilidad se sustenta en un detalle técnico: la aceptabilidad de la derrota. Ya lo hemos venido diciendo: no es lo mismo la aceptabilidad de la derrota electoral que la aceptación de la derrota electoral. La aceptabilidad supone precisamente el establecimiento previo, y entre todos, de las condiciones de la contienda electoral, de modo tal que se haga ineludible la aceptación de la derrota.

La gobernabilidad en términos políticos supone la conformidad política de los ciudadanos con su gobierno. No es ninguna novedad que yo diga que esa conformidad no se ha logrado en la República Mexicana en el 2006. No estamos hablando de una minoría insignificante, siempre posible en una sociedad abierta. Estamos hablando de un sector de la población ciudadana casi equivalente al que votó a favor del actual titular del Poder Ejecutivo Federal. No sólo es un sector decepcionado por la derrota, sino que no está convencido de la derrota y no acepta la derrota.

Tenemos que regresarnos a 2003, año en el que debía renovarse el Consejo General del IFE al vencerse el mandato de siete años de quienes lo integraron desde la reforma de 1996. En aquella primera ocasión no sólo se cumplió con la previsión constitucional de que el cuerpo arbitral, un presidente y ocho consejeros, fueran electos por una mayoría calificada de dos tercios de los diputados federales, sino que se logró un pleno consenso previo de las partes contendientes en la integración de dicho cuerpo arbitral. El IFE recibió el reconocimiento ciudadano, al margen de los resultados en la gestión del Poder Ejecutivo.

No ocurrió lo mismo en 2003.En esta segunda ocasión, por falta de oficio político, por incompetencia negociadora, o quizá más probablemente por mala fe, sólo dos de las fuerzas electorales contendientes, con exclusión de las demás, conformaron el cuerpo arbitral del IFE para los próximos siete años.

Vale la pena repetir que se cumplió plenamente con la formalidad constitucional de la mayoría calificada de dos tercios prevista en el artículo 41.

Sin embargo, desde ese preciso momento quedó claro que no estaba cimentada la aceptabilidad de la derrota ni, en consecuencia, la gobernabilidad en términos políticos. Desde un inicio quedó expresamente planteada la inconformidad de quienes no habían participado en la integración del cuerpo arbitral ni se había aceptado ninguna de sus propuestas.

Como agudamente ha hecho notar José Antonio Crespo, quienes de hecho decidieron el cuerpo colegiado de árbitros fueron precisamente los dos ganadores después: los panistas de Felipe Calderón y los priístas de Elba Esther Gordillo.

En todos los foros, los inconformes hicieron notar su desacuerdo, y de inmediato, tanto en el Congreso como en los medios de comunicación y en el seno del propio Consejo General del IFE. Quizás confiados en que de todos modos ganarían, acabaron expresando un voto de duda condicionado al desempeño del grupo.

Vinieron las precampañas como procesos abiertos, contra lo previsto en el Código; siguieron las campañas, con un verdadero cúmulo de violaciones jurídicas, que quedaron impunes porque nadie se creyó con atribuciones para sancionarlas. No hubo en el Consejo General un solo pronunciamiento colegiado de condena ante tantas tropelías, al margen de las limitadas facultades sancionadoras del IFE. Por lo contrario varios, varias, integrantes del propio Consejo alegaron la libertad de expresión frente a descaradas transgresiones a lo previsto en el COFIPE, como si no supieran que toda garantía constitucional tiene un límite.. En más de una ocasión el Consejo General echó abajo los dictámenes condenatorios de la propia Junta General Ejecutiva.

Algunos comentaristas han visto en esta actuación una actitud timorata y pusilánime. Otros, de plano, ven en ella la consecuencia natural del compromiso en su designación.

En todo caso, el hecho sabido es que no hubo aceptación de la derrota, aun cuando la inconformidad ha estado canalizada por la vía pacífica. Pero es claro que eso no ha garantizado, ni menos garantiza en lo futuro, la gobernabilidad. Es verdaderamente insólito que para un tercio de los ciudadanos tenga la Nación un presidente legal y espurio y otro legítimo; y debe ponderarse más allá de lo chusco, y con toda seriedad.

Mientras tanto, cada día queda más claro para la mayoría de los ciudadanos que las instituciones de la República, tan ponderadas desde el poder constituído como si fueran entes sacramentales cuya impugnación resulta sacrílega, están en realidad, todas o casi todas, urgidas de profundas reformas. Todo el mundo proclama sin bajar la voz que la justicia en México es venal, engorrosa y desesperadamente lenta: que el Ejército está infiltrado por el narco; que las policías son verdaderos nidos de corrupción; que un puesto en las aduanas es la manera más alegre y eficaz para enriquecerse por tres generaciones; que los Legislativos estatales son lacayos del Ejecutivo en turno; que el sindicato de los maestros es lo más opuesto a la vocación de servicio de un mentor; que los concursos para asignación de obra pública son una farsa; que algunos ministros de culto – aquí sí se baja un poco la voz – son sospechosos de complicidad con grupos de narcos y desde luego, que no tienen el más mínimo sentido cristiano en su modo de vida; que hay ejecutivos estatales que violan descaradamente los derechos humanos; y así podríamos seguir hasta no dejar títere con cabeza

Para redondear, tenemos guerrillas. Reconocidas por el poder público. Una de ellas en estado latente – y bien que late – a raíz del incumplimiento por el gobierno federal de los acuerdos de San Andrés. Aunque también acaba de firmar en las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que proclama el derecho de las comunidades “sobre su territorio y sus recursos naturales”

La otra , el EPR y sus múltiples subdivisiones, es seguida con interés, aunque no con eficacia, por las autoridades federales de inteligencia, las que haya. No es sorprendente la suspicacia con que algunos analistas políticos miran la actuación del EPR, o su presunta fracción jaramillista, de ideales claramente antiimperialistas y dinamitando instalaciones del esquilmado patrimonio energético nacional, que sigue siendo, depauperado y todo, el cuerpo material de la siempre amenazada soberanía nacional.

En el pasado mes de junio, el grupo Tepoztlán, que sigue reuniéndose alrededor de la memoria de don Víctor Urquidi en esa población de Morelos, llegó a conclusiones más bien pesimistas acerca de la posibilidad, en la actual coyuntura, de una real reforma del Estado.

Porfirio Muñoz Ledo recordó cómo en 1994 “estabábamos reunidos” cuando les sorprendió la muerte de Luis Donaldo Colosio; y cómo Felipe Calderón “tenía prohibido que sus diputados fueran a las conversaciones” Pero, en la actual situación “echaron por delante las estructurales” y dejaron para después, sin fecha, la verdadera reforma de Estado. Con buen augurio sentenció que “la madre de todas las reformas es sacar el dinero de todas las elecciones”; y recordó cómo en las elecciones europeas están prohibidos los promocionales de la televisión y el uso comercial así como el dinero privado. “Es una trampa brutal –dijo- sancionar sólo las violaciones en la jornada y no en todo el proceso”.

Rolando Cordera, por su parte, observó que la reforma del Estado “ no podrá ser neutral”; que pasa por la ideología; y eso explica por qué ahora se busca “reformas esctructurales” ad hoc, sin cambios constitucionales.

Lourdes Arizpe sostuvo que el Estado no puede ser neutral, sino garante de equilibrios. Para ella, el Estado de la Revolución surgió con una gran visión de la realidad mexicana.
Rosa María Ruvalcaba, que fue prestigiada integrante del Consejo Técnico del Padrón Electoral y ahora miembro del grupo Conciudadano, estableció sus reservas hacía la llamada ciudanización “porque se cuela el gran poder” según dijo.

José Agustín Ortiz Pinchetti fue mucho más expreso en su desaliento. “No tengo optimismo –dijo- pues sólo con una clara hegemonía política… o con un amplio consenso en lo fundamental podría lograrse ahora la reforma de Estado. No existe en México hoy. Uno se siente profundamente agraviado. Sí tengo un cauteloso optimismo por la reforma electoral”.

Porfirio Muñoz Ledo, recapitulando, mencionó la irónica frase de que “un optimista es un pesimista mal informado”. Que el proyecto de las “reformas estructurales” es antitético al de reforma del Estado. Que en materia electoral “ hay que cambiar al árbitro y emparejar el terreno”. Que “ todas las reformas sólo legales son sospechosas”; y que “ no hay base ni facultad constitucional para las concesiones de radio y televisión por parte del Ejecutivo federal, como si fueran minas”.

Después de recordar que México tiene un déficit de ciudadanía, consideró que “hay que ciudadanizar, pero con mucho cuidado”. Recordó que el máximo autorizado de concentración del espectro radioeléctrico en Europa es el 10 por ciento y en Estados Unidos el 30 por ciento. Acabó con un mal augurio: “ vamos a seguir con más parches.”

Por mi parte, sigo pertinazmente mal informado, porque veo con optimismo el punto central de las reformas constitucionales recientes sobre materia electoral. No quiero, sin embargo, dejar de citar a mi colega Sergio Aguayo: “ninguna reforma electoral es definitiva, sino parte de un proceso sucesivo y evolutivo en el cambio democrático.”

Había, sí, que sacar el dinero privado de la democracia. No era, por ningún concepto, aceptable que siguiéramos imitando la peor perversión de la arcaica democracia (no en el nivel comunal, que es ejemplar) de los vecinos del Norte. El marketing político es en sí mismo una aberración.

Pero , además, el casi completo consenso logrado ahora entre las fuerzas políticas, insólito y ojalá precursor, representa para el Poder Legislativo federal la segunda independencia, después de la consolidación en el 2000 como auténtico poder republicano frente al Ejecutivo. Ante la insolencia de los líderes gremiales de la radio y la televisión, fue necesario, como vimos, recordarles que los legisladores son un auténtico poder republicano respaldado por más de 40 millones de votos ciudadanos; y recordarles también que ellos son sólo concesionarios de un bien público.

Como ciudadano, hubiera preferido yo una mayor previsión formal para impulsar al consenso de los diputados para la integración del Consejo General del IFE. La reforma sigue considerando una mayoría calificada de dos tercios. Deseable, digo, habría sido condicionar de origen el consenso casi pleno, salvo menores disidencias, siempre previsibles. Coincido en ello con el grupo Conciudadano al postular un ochenta por ciento.

No hay ley realmente aplicable si no hay sanción correspondiente y verdaderamente disuasiva. Las multitas que aplica el Consejo General del IFE, y sólo a los partidos, según sus atribuciones actuales, no han disuadido. Esa es la gran lección de 2006. El Título Vigésimo Cuarto del Código Penal sólo tipifica delitos electorales y establece sanciones alrededor de la jornada y no del proceso entero, incluidas las precampañas.

Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución, que prohibe terminantemente la intromisión de los extranjeros, sigue sin reglamentación. También vimos sus consecuencias en el pasado proceso. Leyes imprecisas y sin sanciones claras hacen un país ingobernable.

Ahora se habla de gobernanza, entendida como la interacción entre sociedad e instituciones, Hoy, con instituciones dañadas, y cerrados en muchos ámbitos los cauces de participación ciudadana, marcados como irredentos y conflictivos quienes denuncian y pretenden restaurar las instituciones y abrir los cauces, vemos con toda lucidez que sólo con un gran esfuerzo por lograr amplios consensos nacionales, y no juntando artificialmente dedos legislativos, es como podremos recuperar la gobernabilidad y la verdadera , esencial, democracia. En resumen : una buena reforma electoral, esencialmente apropiada para la actual coyuntura, puede ser un buen primer paso para la reforma del estado cuando se presente la oportunidad histórica.

Esteban Garaiz.

LA MATRICULA Y LA U. DE G.

Julio 13, 2007

Tuve el privilegio haber sido invitado al último informe como rector de la U. de G. de José Trinidad Padilla López, hombre afable y sin duda eficaz en su desempeño como rector de la casa de estudios más importantes de Jalisco. Debo decir con toda honradez que me impresionaron los logros obtenidos en los últimos 5 años. Sin duda alguna la presencia de centros universitarios regionales a lo largo y ancho de toda la geografía del Estado ha significado para muchos jóvenes jaliscienses una oportunidad de progreso personal e inimaginable hace décadas. Por otro lado, la consolidación de la Feria Internacional del Libro, la más importante de habla española en el mundo, ha puesto a Jalisco en los primeros planos de la cultura de América. Noté, sin embargo, una seria debilidad: la matrícula. La matrícula escolar, de licenciatura y de preparatoria, creció en esos años, según el informe, a una tasa inferior a 2 por ciento anual.

La UNESCO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, nos está diciendo que si los países quieren ser en verdad competitivos tienen que lograr una cobertura universitaria o de educación superior de al menos 40 por ciento de sus jóvenes. Esto lo han logrado los países que nos siguen dejando atrás en competitividad: como Taiwán, Corea, Singapur, China, Cuba, Venezuela, Uruguay, Chile, Argentina, y otros. En México se llega apenas al 22 por ciento, es decir la mitad de lo que propone la UNESCO.

La educación pública sigue perdiendo terreno en México. Más de 300,000 jóvenes son rechazados cada año en las universidades públicas del país. En los últimos 25 años la participación de las escuelas privadas en la matrícula de educación superior ha pasado de 16 al 40 por ciento.

Han surgido o se han consolidado excelentes universidades privadas y también un montón de universidades patito. El punto central aquí hay que volverlo a recordar. El artículo 3º. de la Constitución, es decir la educación gratuita y universal, era, a raíz de la Revolución Mexicana, el verdadero mecanismo de capilaridad social y de incorporación de los desheredados al mercado y a la sociedad nacional de bienestar. Hoy, después de 20 años de estancamiento, viene la UNESCO a recordárnoslo. En el Distrito Federal desde la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974, no se había creado ninguna universidad pública hasta la reciente fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero lo importante de esta última fundación es el haber previsto en la ley que contará con los recursos necesarios de conformidad con el número de alumnos, cada día creciente. Así se evita el rechazo de alumnos que reúnan los requisitos de ingreso. Creo que debe generalizarse esta disposición legal. En Jalisco sería muy oportuno.

No es mi ánimo juzgar si el rezago en la matrícula de la educación superior pública es atribuible a la Federación por haber reducido en su presupuesto el porcentaje asignado a educación superior en los términos recomendados por la UNESCO; o al Poder Ejecutivo Estatal; o al Legislativo por no prever la asignación en términos del número de alumnos; o a la propia Rectoría de la U de G por no atender en primera instancia la matrícula escolar; sin ánimo de reducir la visión universal que debe tener toda universidad.

Lo que sí es importante recalcar es que el mercado puede atender a quienes tienen el dinero para pagar una universidad privada, pero es obligación del estado nacional el garantizar el derecho de todos a la educación; y esto es especialmente cierto y necesario en una nación como la nuestra, que todavía conserva las secuelas de una malformación congénita; una nación que hace 100 años tenía un 90 por ciento de sus habitantes analfabetos; y que eso ocurría 100 años después de haberse independizado.

Sólo la educación y la capacitación para el trabajo fuera del mercado puede lograr una sociedad con igualdad de oportunidades; y más en un país enraizado en una historia de terribles desigualdades, prolongadas por cien años de independencia sin desconquista, como es el caso de nuestro. Por ello creo necesario universalizar la previsión presupuestal según el número de alumnos.

Por lo que toca a la Universidad de Guadalajara, me quito el sombrero por sus espléndidos logros culturales, que tanto nos enorgullecen, pero las autoridades universitarias deben entender que el tema central de su actuación tiene que ser el crecimiento proporcional de su matrícula escolar

Todos debemos entender que la función de una universidad no se puede constreñir a los cursos escolarizados, pero en nuestra circunstancia histórica la formación profesional debe seguir siendo el eje central de la labor universitaria.

Esteban Garaiz.

ACUERDOS PARTIDARIOS Y REFORMAS POSIBLES

Julio 09, 2007

La Presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, María Elena Álvarez Bernal, fue entrevistada recientemente por Juan Pablo Becerra Acosta y le hizo importantes declaraciones sobre la urgencia de una nueva reforma electoral antes de que inicie el próximo proceso electoral federal que deberá empezar según la ley en octubre de 2008, es decir exactamente dentro de un año y tres meses.

Esta valiosa mujer, doctora en Ciencias Políticas con la que tuve el honor de compartir la Quincuagésima Legislatura desde distintas militancias partidarias, admite – y cito expresamente – “que es un reclamo de la ciudadanía, que no hemos atendido. No nos hemos dedicado a una reforma electoral, indispensable – dice -- para eliminar todos los incidentes que se dieron en la campaña, a fin de que no volvamos a tener una elección así”.

Cuando el reportero le pregunta si México aguanta otro 2 de julio, la diputada Presidenta María Elena Álvarez contesta literalmente: “No, no podemos tener otra elección así. Tenemos que llegar a las elecciones (2009) con una nueva reforma electoral…sin rebasar los plazos que marca la Ley de Reforma del Estado, a fin de que se modifiquen todas las circunstancias que se dieron en el proceso del año pasado y que hicieron la elección tan difícil”.

Aunque no se detalla en la entrevista, la diputada María Elena Álvarez se estaba claramente refiriendo a las largas campañas con dinero privado de origen desconocido que todavía no reglamenta la ley, a las larguísimas y carísimas campañas que pagamos entre todos los contribuyentes, a la guerra de promocionales sucios, a la ilegal interferencia del Presidente, de organismos empresariales y ministros de culto, como lo detalló el propio Tribunal, a la intromisión descarada de extranjeros violando el artículo 33 de la Constitución, y otras irregularidades.

”Mire, estamos madurando – dice la diputada Álvarez – los partidos estamos aprendiendo que tenemos que unirnos para sacar acuerdos. La ciudadanía todavía no ve con buenos ojos que un partido y otro voten juntos. Se habla de alianzas como algo vergonzante. Este es un proceso cultural que cuesta trabajo ir cambiando”.

María Elena forma parte de una distinguida familia de políticos panistas. Su hijo Felipe Vicencio, reconocido por su integridad, dio una valiente batalla, junto con varios senadores de distintos partidos, en contra de la llamada Ley Televisa. La Suprema Corte acabó dándoles la razón.

Creo que está en lo cierto la diputada. Entre bromas y veras suelo decir que reto a cualquier dirigente partidario, de cualquier partido, a que me permita tachar de sus documentos básicos tan sólo un veinte por ciento de sus frases; se lo pasamos a cualquier otro dirigente de otro partido, incluso el supuestamente más alejado. Lo firmará sin el menor titubeo. Es mucho más lo que no une que lo que nos separa. A decir verdad, sólo los grandes intereses de clase se confrontan; y eso por una visión miope del desarrollo económico. Me parece oportuno citar de nuevo a Carlos Slim: “ahora el desarrollo económico debe sustentarse en el bienestar de todos”.

Tenemos que dejar atrás la idea de los partidos políticos como enemigos que hay que exterminar; eso es la guerra. Los partidos políticos actúan en la paz y en la ley. Por cierto, las marchas y plantones están dentro de la ley y la paz. Los asesinatos de dirigentes son parte de la guerra. Los partidos políticos mexicanos son entidades de interés público según la ley. Confluyen en abanico, no frente a frente. Por eso hay izquierdas, centros y derechas y toda clase de matices. Juntos hacen el total de la nación. No son enemigos; son adversarios. Compiten; y por supuesto, pueden aliarse. Toda clase de alianzas. Es competencia por el poder, no guerra por la vida; y las alianzas normalmente son transitorias. Después ya veremos.

Nada tiene de vergonzoso que se pongan de acuerdo con los temas convenientes para todos, sin renegar de sus legítimas diferencias. Ahora tenemos temas de interés nacional como lograr una recaudación más justa y más alta; o como la impostergable reforma electoral. Tengamos esperanza.

Esteban Garaiz