Para Milenio Jalisco
Esteban Garaiz
04 de febrero 2020
Todas las autoridades del mundo tienen claro que las disputas relacionadas con la posesión de la tierra derivan casi siempre en conflictos mortales. Si no lo tienen claro: es que no están aptas para ser autoridades.
En San Lorenzo Azqueltán, territorio originario del norte de Jalisco, en
la demarcación municipal de Villa Guerrero, se está gestando un conflicto
agrario: serio por definición, como todos los conflictos agrarios. Están
advertidas: tanto las autoridades agrarias, como las estatales.
México nunca podrá olvidar que el rescate, hace 100 años, de las tierras
del despojo colonial costó más de un millón de vidas humanas: de campesinos.
Desde febrero de 2015 está interpuesto un reclamo ante el Tribunal
Unitario Agrario del Distrito 16 de Guadalajara por un total de 38 mil 240
hectáreas, basado en un título virreinal.
El titulo originario anterior a la existencia del Estado Libre y
Soberano de Jalisco, ampara 94 mil 400 hectáreas, que corresponden a tierras
ocupadas por las comunidades tepehuana y huichola.
No es el único conflicto agrario sin resolver en esa apartada zona,
tanto en la demarcación estatal nayarita, como en la jalisciense.
Según narra el reconocido Juan Carlos G. Partida, “el ex comisariado de
bienes comunales Jesús Manuel Aguilar Hernández fue atacado a balazos por
sujetos al servicio del presunto cacique Ernesto Flores Sánchez, (apodado) “La
Polla”. Las balas no son presuntas; fueron reales.
Ahora tepehuanos y birráricas emprenden acciones legales en el orden
agrario, por la vía pacífica, jurídica.
En noviembre de 2019, Noé Aguilar Rojas, Ricardo de la Cruz González y
Rafael Reyes Márquez, quedaron al borde de la muerte al ser atacados a balazos
por criminales; los agresores eran, miembros de la familia Flores Sánchez, según
declararon los agredidos.
La autoridad tiene ahora la palabra y la decisión. Ellos, los indígenas
titulados, cuentan ya con los auspicios ceremoniales del maracame Margarito
Carrillo de la Cruz.
No cabe duda que, si alguna refundación resulta urgente en Jalisco, es la
de saldar la deuda histórica que el Estado carga respecto de los pueblos
originarios que en él sobreviven, empezando por la restitución posible de sus
tierras, reconocidas y tituladas por el régimen colonial.
Si en el marco del Constituyente propuesto en la Ley Reglamentaria del
Artículo 117 bis, de 27 de diciembre de 2019 se decide erigir ayuntamientos
comunitarios de usos y costumbres, refundados sobre los títulos agrarios
vigentes, entonces será necesario hacer los ajustes previos en los límites de
cada uno, para eliminar cualquier conflicto entre ellos, o con los demás
posesionarios legales, que llegara a ocasionar episodios sangrientos. También
garantizar la presencia proporcional de la fuerza pública, que disuada a
quienes pretendan violentar por la vía criminal.
Así, no sólo se contribuirá a la convivencia pacífica y fraterna, sino
que sentaría bases confiables, para la construcción física de los servicios
públicos y de las necesarias vialidades.
La convivencia fraterna entre todos los pobladores de la entidad dejará
atrás, superada, cualquier deuda histórica.
