Para Milenio
Esteban Garaiz
03 de marzo 2020
No es sólo la deuda histórica insolvente. Es mucho peor: es
que el despojo continúa; es que el atropello sigue; es que el asesinato de
dirigentes defensores de su territorio y de bienes de la Nación es cosa de
todos los días.
Es que la Guardia Nacional no se da abasto, y todavía ni se
asoma por allí; es que quienes están a cargo oficial son cómplices, al menos
por grave omisión en su comodidad irresponsable de Autlán…y de Guadalajara, y
de la Ciudad de México.
Es que en ese silencio, que es complicidad, están incluso
jerarcas religiosos. Es que también está entre los saqueadores una de las tres
fortunas más grandes del mundo: la de Arcelor Mittal, la transnacional
siderúrgica más fuerte del planeta.
A Mittal: los canallas de los últimos 40 años le malvendieron
(casi le regalaron) la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas; la que había
sido visionariamente planeada y construida por la rectoría económica del Estado
mexicano para garantizar a la industria metal- mecánica privada mexicana, el
insumo libre de los vaivenes, no del libre mercado de la oferta y demanda, sino
al revés: libre de las presiones dominantes del gran oligopolio financiero
industrial, con sede ya saben dónde.
La que fue concebida como columna de la soberanía económica
de México (sin muros) al tú por tú y con comercio libre, se volteó para ser hoy
un eslabón más de dependencia al poder transnacional, que ya reta abiertamente
a la Organización de las Naciones Unidas.
Reiterando: ahí la Refundación ya acordada en el Congreso de
Jalisco, no sólo tiene una abultada deuda histórica con esos pueblos
jaliscienses originarios (despojados hasta de su idioma propio) sino que
primero hay que cortar la hemorragia.
Porque, además de la posesión comunal de tierras, bosques y
aguas, están los recursos del subsuelo de propiedad nacional. Están también los
destrozos, difícilmente reparables, de grandes espacios naturales en posesión
de las comunidades; y para su vida.
Están también los crímenes cometidos y amenazados, de los
defensores de su pueblo.
Por todo esto, la Refundación tiene al frente una delicada
tarea que debe ser concertada con la competencia federal; y en la que hay
inocultables responsabilidades estatales, que hay que tomar por los cuernos.
Nada nuevo bajo el sol: el próximo 5 de abril se conmemora el
centenario de 13 indígenas asesinados en el río Marabasco por caciques de
Mamey, Colima.
El tema central: el Consorcio Minero Benito Juárez – Peña
Colorada S.A., establecido por la rectoría económica del Estado en 1967, y
privatizado por Carlos Salinas a la
italoargentina Ternium y a Mittal, es hoy, en esas manos, la causa directa de
toda clase de atropellos a los habitantes de esos pueblos y a su entorno.
La Recomendación 122/95 de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos sigue pendiente.
También ahí la Refundación urge. El Consejo Autónomo de
Autoridades Nahuas Tenamaxtla de Ayotitlán (CAANTA) y la Red Jalisciense de
DH esperan justicia.
La clara definición de los límites del Estado es parte
esencial de la Refundación; en esa zona resulta urgente hacerla efectiva con presencia
de seguridad pública.
