Para Milenio
Esteban Garaiz
12 de noviembre de 2019
El General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa es un ciudadano
mexicano de pleno derecho. Como mexicano y como ciudadano es acreedor a todos
los derechos humanos y prerrogativas ciudadanas sin restricción alguna.
Derechos y prerrogativas que además están consagradas en la
Constitución Mexicana de 1917: el Pacto Nacional centenario. Naturalmente
incluida la libertad de expresión.
Reconocible es que el ciudadano Gaytán manifieste su lealtad
al pueblo de México: “¡Sí, para con el pueblo de México!” como enfatizó en su
discurso en el desayuno con los integrantes de un club militar en las
instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 22 de octubre,
en presencia del General Secretario Luis Crescencio Sandoval.
En tanto que el General Gaytán porte el uniforme militar con
las insignias que acreditan su alto rango, no puede, en ninguna circunstancia,
olvidar que la lealtad primaria a que está profesionalmente obligado es con el
Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la Nación, es decir: con el Titular
Único del Poder Ejecutivo Federal, con el que está vinculado por línea de mando
vertical.
Como ciudadano mexicano, Carlos Gaytán estaría en su derecho
de reclamar cualquier violación al marco constitucional o al orden jurídico por
parte del Poder Ejecutivo Federal. No es el caso.
Su investidura no le autoriza, por ningún concepto, a
deliberar sobre la conducción de la Nación en los términos constitucionales.
Es una infracción severa que un militar en función,
uniformado, pronuncie que: “es también una verdad inocultable que los frágiles
mecanismos de contrapeso existentes han permitido un fortalecimiento del
Ejecutivo que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a
todos, por decirlo con suavidad”.
Más grave debe considerarse que el General Gaytán afirme que
eso “nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa”. Ninguna decisión
legal de su Comandante puede ofenderle. Ni tiene que convencer a todos.
Además de ser erróneo constitucionalmente. De manera
constante y plenamente activos están los contrapesos de ley: tanto en las
Cámaras del Congreso Federal, como en el Poder Judicial, en la propia Auditoría
Superior de la Federación y, por supuesto, en los medios de comunicación
(algunos de los cuales no entienden que también el Presidente tiene libertad de
expresión).
Gaytán debería tener claro que la drogadicción es un problema
de salud pública; no es un problema seguridad nacional. Los tabacotraficantes
no son un problema de seguridad nacional, por más que el tabaquismo ocasione a
la salud pública más daño y muertes que la drogadicción.
Desde hace 13 años el Ejército Mexicano, por orden de su
Comandante, descuidó las fronteras nacionales; por ellas ingresaron al país
ilegalmente millones de armas de alto poder, como los fusiles Barrett.
Con el Ejército involucrado en la lucha contra el
narcotráfico, y específicamente en la detención de capos, la Nación tiene el
mayor número de muertes violentas que nunca en su historia: más de 276 mil. Los
muertos por drogas ilegales en 12 años suman 5,545, según INEGI.
