Febrero 12, 2007
Es necesario decir en primer término que todo terrorismo y toda violencia son execrables y deben ser repudiados y combatidos.
Esteban Garaiz
Lic. en Relaciones Internacionales
Febrero 12, 2007
Es necesario decir en primer término que todo terrorismo y toda violencia son execrables y deben ser repudiados y combatidos.
Esteban Garaiz
Lic. en Relaciones Internacionales
Reverendo Padre Oriol:
Respetable señor Oriol:
Usted miente, y sabe que miente, cuando dice que en México no hay ETA ni nada que se le parezca. En los últimos cuatro meses han muerto en México, por asesinatos del crimen organizado, más del doble de personas que las que ha asesinado ETA en toda su historia desde 1952.
Debe quedar claro que no justifico ningún homicidio; ni los cometidos por el régimen del general Franco contra los jóvenes de EKIN antes, subrayo: antes, del primer asesinato cometido por ETA, ni las barbaridades que ha hecho ETA, ni siquiera la muerte del almirante Luis Carrero Blanco, en 1973, que muchos españoles agradecieron.
Efectivamente, ETA, como usted atinadamente dice, sigue intentando ambas vías. La pregunta seria, y hasta cristiana, es por qué el Estado Español se empeña en cerrar por todos los medios la vía pacífica y política, cuando se persigue con saña a Julen Madariaga, que plantea el nacionalismo de izquierda por la vía pacífica; y cuando las “concesiones políticas”, que rechaza violentamente el Partido Popular, podrían consistir en la estricta aplicación de la ley española acercando a los presos etarras a sus familias, sin mandarlos ilegalmente a las Islas Canarias, y no sentenciando nuevamente sobre el mismo crimen juzgado y purgado legalmente.
Finalmente, por pura claridad mental, habría que preguntarse si lo que realmente se quiere es acabar con el terrorismo y las muertes violentas de ahora en adelante, que es la obligación política y moral del gobierno español, o lo que se pretende es aplastar el nacionalismo radical vasco por las dos vías, con un espíritu revanchista sin ningún talento político ni la más mínima calidad ética.
Esteban Garaiz I.
Septiembre 02, 2001
Las naciones indígenas ya existían al momento de la constitución del Estado-Nación de México en 1821. Es más: ahí estaban antes de la gradual formación, durante 300 años, de esta nuestra nación que con eufemismo llamamos mestiza, producto de la conquista violenta y que fue creciendo a expensas de ellas.
La proclamación de la independencia trigarante fue la clara traición a las aspiraciones insurgentes. Con el lema de: Independencia, Religión y Unión, la unión significó el tiburón y las sardinas en el mismo acuario. En todo caso, a pesar del nombre oficial adoptado en 1824, el espíritu federalista quedó hecho a un lado frente a la concepción jurídica romana y napoleónica: por sobre el ayuntamiento – o ayuntamiento – el concepto dominante de Imperium: (el mismo de
El nuevo estado – nación en ningún momento hizo el reconocimiento expreso de la existencia de estos pueblos con fisonomía propia; y esta enorme deuda histórica sigue pendiente hasta nuestros días.
El espíritu trigarante perduró por todo el siglo XIX, hasta que
Incluso, el movimiento de
Paradójicamente había habido mayor reconocimiento hacía ellas por parte de los ordenamientos jurídicos del Virreinato; y también paradójicamente, muchos de los llamados usos y costumbres y el protocolo municipal de las comunidades indígenas de hoy mantienen la estructura y nomenclatura virreinal de los ayuntamientos españoles.
En el período final de
Así la estructura social agraria, basada en el régimen arcaico de haciendas, no desaparece con la salida de los españoles peninsulares, sino que perdura y se agrava después de la independencia Trigarante, cien años más de lo mismo con una sociedad altamente estamentada cuyas capas sociales están esencialmente vinculadas al origen étnico. Hasta la gran eclosión revolucionaria.
Los constituyentes de Querétaro reconocieron en el artículo 27 la personalidad jurídica de los núcleos de población comunales, determinaron la restitución de tierras, bosques y aguas y declararon nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a las comunidades. Pero tampoco se plantearon el reconocimiento político de los pueblos indígenas constituidos como entidades sociales diferenciadas antes de la creación del Estado Nación.
Es cierto que
La raíz esencial de esta omisión continuada, de esta grave deuda histórica es la concepción unitaria e indivisa del Estado, que no se compagina, más aun: que se contradice con las expresiones formularias de un federalismo que se concibe como subdivisión administrativa de arriba hacia abajo.
Los propios romanos, en el auge de su imperio fueron más flexibles con los pueblos federados, algunos de los cuales todavía hoy, conservan su idioma indígena 2000 años después.
El gobierno virreinal español, sin duda sustentado en el pensamiento filosófico de Francisco de Vitoria sobre el derecho de gentes, difundido después por los jesuitas, permitió cierta autonomía y organización propia a los pueblos indígenas y en muchos casos respetó y ratificó formalmente sus territorios.
Nación según el Diccionario de
11 de Enero de 2007
Muy estimado Catón:
Gozo mucho sus notas diarias de las que soy asiduo. Más me hacen pensar, por su hondura filosófica, los artículos que firma el ciudadano Armando Fuentes Aguirre; son una verdadera delicia intelectual.
Parafraseando: en 1571, 50 años después de la conquista de México, los naturales poseían el Evangelio y los conquistadores la tierra… en la que los pusieron a trabajar. Esa sociedad terriblemente estamentada es la causa verdadera de nuestro retraso, porque la independencia trigarante fue la más completa traición a los ideales insurgentes, el más descarado y alevoso gatopardismo, que nos dio 100 años más de estructura colonial, una independencia sin desconquista.
Le mando un abrazo agradecido.
Esteban Garaiz
Vale E. G.
18 de Diciembre de 2007
Oí decir el otro día en Guerrero a un querido amigo que en esa entidad perdura “la cultura de la presión política”. Me quedé pensando que, en efecto la presión política masiva, de carácter pacífico, es la expresión democrática, o predemocrática, frente a un poder represor que abandera el estado de derecho de origen oligárquico. Cuando no hay auténticos cauces para la expresión y prevalencia de los intereses mayoritarios, las masas salen a las calles. Será porque no creen que las leyes aprobadas, que a todos obligan, realmente corresponden a las promesas de campaña que lograron sus votos.
Todo eso pensaba viendo la estatua de Mahatma Gandhi en
Tengo para mí que todavía necesitamos en México que perdure “la cultura de la presión política” pacífica de las mayorías, que nada tiene que ver con ese fenómeno creciente del cabildeo en favor de intereses particulares y contra el interés general, y que ahora nos quieren vender como una práctica “normal” de la democracia, cuando es una de sus peores perversiones.
Diciembre 03, 2006
Si se observa bien, el título Vigésimo Cuarto del Código Penal, que hace referencia a los delitos electorales en sus artículos 401 a 413 inclusive, se refiere a los actos delincuenciales relacionados básicamente con la jornada electoral. La experiencia recién vivida en el pasado Proceso Electoral Federal 2005-2006, nos indica la necesidad urgente de que se concreten disposiciones más bien dispersas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que sin embargo establecen claras prohibiciones, pero no se ven reflejadas en sanciones nítidamente establecidas ni aparecen en el citado Título Vigésimo Cuarto del Código Penal; además de que del mismo modo quedan sin aclarar los sujetos sancionables ni la autoridad sancionadora.
Resulta verdaderamente urgente que exista una ley reglamentaria para el artículo 33 constitucional, que prohíbe terminantemente que los extranjeros se inmiscuyan en los asuntos políticos del país. Es incomprensible que, a 90 años de la promulgación de
Conviene decirlo una vez más: las principales fallas a la pulcritud electoral durante el proceso electoral pasado no provinieron de los métodos establecidos en la organización electoral, sino de las normas vigentes para la integración de las mesas directivas: eso por lo que toca a la jornada electoral.
Pero, principalmente, por la ausencia de sanciones reales y eficaces a quienes, según clara definición del TEPJF, violentaron la ley y distorsionaron la equidad en el desarrollo de las campañas: titulares del poder ejecutivo en sus tres niveles, dirigentes empresariales, actores políticos extranjeros, jerarcas religiosos y los propios equipos de los candidatos.
Por ejemplo, los hechos ocurridos demuestran que no hubo eficacia jurídica real con la disposición actualmente vigente en el Código en su artículo 183, que reza que las campañas “no tendrán más límite que el respeto a los derechos de terceros en particular los de otros partidos y candidatos…”.
Igualmente, de muy poco ha servido, y menos servirá de ahora en adelante, que el artículo 190 establezca que “las campañas de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas…”, mientras el propio Código no regule con claridad indiscutible las precampañas, que sigue considerándolas como procesos internos entre militantes de cada partido, cuando todo el mundo sabe que de hecho están abiertas a la ciudadanía en general: y que siguen siendo hoy un enorme vacío legal.
A estas alturas parece totalmente claro que el Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Quinto del COFIPE (artículos
Por lo que toca a la integración de las mesas directivas de casilla:
1).- Es necesario acortar las distancias entre la enorme complejidad de nuestro sistema electoral y el deficiente nivel de escolaridad y de capacitación de los ciudadanos funcionarios de casilla.
2).- Para la simplificación será necesario llevar a cabo dos acciones principales: una simplificación y prellenado de las actas de escrutinio y cómputo; y otra la eliminación de una serie de tareas accesorias que se han venido cargando a la responsabilidad operativa de los presidentes, lo que los distrae de lo esencial.
3).- En el renglón de capacitación, a su vez, será necesario al menos tomar dos medidas: la primera será aplazar para después del proceso electoral toda actividad de educación cívica, así sea promovida por instancias internacionales; así los vocales del ramo podrán dedicarse exclusivamente a la capacitación. La segunda medida, de carácter práctico, será ahondar en el ejercicio previo indispensable de llenado del acta de escrutinio y cómputo por todos los funcionarios sorteados para esa mesa directiva.
4).- También será necesario reducir de manera significativa las consecuencias de las sustituciones de última hora (crecientes en los últimos procesos) y, peor aun, los ciudadanos convocados de la fila (que adicionalmente representan el riesgo de presentar algún sesgo partidario).
5).- Algunas medidas complementarias que podrían establecerse:
a).- aumentar el estipendio por jornada electoral de los presidentes;
b).- incluir en las tareas de educación cívica, durante los otros dos años, los ejercicios de capacitación y adiestramiento electoral de los jóvenes preciudadanos.
c).- De otra dimensión es el tema de las elecciones concurrentes, que originan toda clase de tropiezos operativos. Nuestros compañeros no ven otra solución que la separación total o la integración total, con una sola ley y una sola institución.
d).- Puede resultar necesario también establecer en la ley la presencia obligatoria de los representantes de los partidos políticos, quizá con la excepción de los de reciente registro, en todas las casillas del país, con un estipendio equivalente por ley al de los funcionarios de casilla, con cargo a sus prerrogativas específicas.
e).- Tema igualmente particular es el de las casillas especiales. Por su característica, se deben instalar en secciones cuyo uso de suelo no es residencial. Eso hace que su listado nominal, escaso y además irreal, no sea suficiente para insacular ni siquiera la directiva de la básica. Aumentar el número de boletas resulta claramente improcedente por lo engorroso del trámite para cada ciudadano. La única solución a la vista es poder insacular del listado de todo el distrito a los ciudadanos. El criterio de respetar el derecho de todos los ciudadanos a votar debe prevalecer sobre el de impedir votar a quienes no tienen ese derecho vigente.
Esteban Garaiz
POSDATA
El señor Aznar, el señor Barraza, el señor Servitje, el señor Coppel son delincuentes electorales. ¿Están en la cárcel? ¿Por qué no han sido sancionados? Claramente violaron la ley. Sus acciones en el proceso electoral están prohibidas en
Eso es precisamente lo que hay que modificar. No se puede llegar a otro proceso electoral federal con esa dispersión y ambigüedad en la relación entre delito electoral y la sanción correspondiente. De lo contrario, quedará en entredicho la legitimidad del que resulte numéricamente ganador y más si gana por un voto, porque esa es la regla de la democracia.
La doctora Fromow podrá reiterar que le faltan “dientes jurídicos” a
Entrevista, que me hacen los periodistas Rubén Martín y Jesús Estrada, sobre la política energética en el actual gobierno. https://mx.ivoox...